En total han sido 49 los militares sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza, Panamá, Reino Unido y los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Se les acusa de estar vinculados al narcotráfico, de ser responsables de torturas y graves violaciones de Derechos Humanos (DD.HH), de reprimir brutalmente a manifestantes opositores desde 2014 y de vulnerar los principios democráticos en las elecciones que se han desarrollado en el país desde 2017.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Actualmente ocupan la cúpula del poder militar y Ejecutivo, detentan el Ministerio de Defensa, de Interior Justicia y Paz, la cartera de Energía Eléctrica, la dirección de la policía política (SEBIN), y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Están a la cabeza de la las FAES, que el pasado 9 de septiembre de 2019 la Alta Comisionada para los DD.HH de la ONU Michelle Bachelet llamó «escuadrón de la muerte», por la cantidad de ejecuciones extrajudiciales en su haber desde 2016.
Los militares sancionados están a cargo del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y de las Zonas Operativas en los estados. Los acompañan 168 personas, entre ellas Nicolás Maduro, y quienes han formado parte del tren ministerial, son los principales representantes de los poderes públicos o son disidentes opositores acusados de corrupción. En seis años sólo 29 de estas personas han salido de las filas del poder.
«Las sanciones individuales de la comunidad internacional son mortales para Maduro y su entorno porque los enclavan en Venezuela. Son funcionarios que no pueden tener ningún tipo de actividad u operación fuera del país, y si lo hacen corren el riesgo de que los capturen. Más que afectar la gobernabilidad estas sanciones están afectando la dinámica política y económica del régimen y se han visto obligados a relacionarse con países o grupos con desprestigio internacional por ser Estados forajidos o fallidos», resaltó Tulio Álvarez, jefe de la Cátedra de Derecho de la UCV.
Las implicaciones que tienen esta medidas de presión de la comunidad internacional democrática contra el gobierno de Venezuela para que se encause en la democracia, van desde congelación de activos, de bienes y la prohibición de ingresar a esos territorios. Al menos cinco de estos funcionarios tienen orden de captura por EE.UU desde el 26 de marzo de 2020, cuando el expresidente Donald Trump ofreció 55 millones de dólares para capturar a Maduro, Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, Tareck El Aissami, Ministro de Petróleo, Hugo Carvajal, exdirector de la DGCIM evadido de la justicia española, y el ex jefe militar Cliver Alcalá Cordones, que decidió entregarse.
Pocos con temor
Según el politólogo Radames Graterol, aunque las sanciones individuales que han impuesto 53 países contra funcionarios del gobierno tienen el propósito de encarrilar al país a la democracia, logrando mantener a las primeras figuras del oficialismo acorraladas en Venezuela, la presión no ha logrado debilitar al gobierno.
«En vez de fragmentarse el chavismo se comporta como un bloque monolítico. Siguen en el poder, ocupando los cargos más importantes. A medida que han ido ganando elecciones aunque fraudulentas y con poca participación, el gobierno se ha sentido fortalecido, porque por la vía del totalitarismo mantienen el control de todas las instituciones», comentó Graterol.
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