El Gobierno del presidente Joe Biden “no ve ninguna prisa” en levantar las sanciones contra el régimen de Venezuela, en vista de que Nicolás Maduro no ha demostrado tener voluntad de tomar pasos hacia una salida democrática, a medida que la Casa Blanca se prepara para dar mayor respaldo y reconocimiento a Juan Guaidó, de acuerdo declaraciones ofrecidas por funcionarios de alto rango de la administración.
Por Frank López Ballesteros / Diario Las Américas
Cuando el secretario de Estado Antony Blinken telefoneó a Guaidó este martes, 2 de marzo, la llamada envió un mensaje desde la diplomacia estadounidense en vista de la continua presión que Maduro y sus partidarios, desde los poderes públicos, comienzan a ejercer en busca de venganza contra quien es reconocido por Washington y decenas de gobiernos como el presidente encargado de Venezuela.
“El presidente [Biden] ha dejado muy en claro su punto: Nicolás Maduro es un dictador y él reconoce la legitimidad de Juan Guaidó como líder legítimo de los venezolanos”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca cercano al presidente Biden, durante una entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Al no estar autorizado a discutir estos temas, el oficial pidió mantener en reserva su identidad, pero los detalles que aportó ayudan a entender cómo Biden busca lidiar con la situación venezolana, tras un enfoque de la administración pasada en el cual la opción de una supuesta invasión militar dinamitó desde el día uno la agenda de ambos países y convirtió esto en una demanda desde muchos sectores de la oposición a Maduro.
“Dentro de todo esto, la pregunta siempre es cuándo los Estados Unidos van a levantar las sanciones. Y la realidad es que no hay prisa para hacerlo, porque el régimen no ha demostrado que ellos tienen la buena voluntad de tomar pasos hacia una salida democrática y eso no se hará hasta que ellos tomen esas medidas”, advirtió el alto funcionario, quien está participando en la toma de decisiones hacia Venezuela.
En los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, el interés de los jerarcas del chavismo que estuvieron en contacto con Washington distó de ser una exigencia del fin de las sanciones a la industria petrolera, el Banco Central de Venezuela o la industria estatal del oro, para enfocarse más en demandas personales en nombre del gobierno, admitió un alto funcionario del Departamento de Estado.
Desde 2006 los Estados Unidos impuso sanciones en contra del régimen venezolano, pero fue a partir de 2018 cuando la administración Trump golpeó directamente la industria petrolera y sectores clave de la economía que afectaron las exportaciones de crudo.
Hasta el 22 de enero de 2021, el Departamento del Tesoro había impuesto sanciones a unos 166 personas venezolanas o relacionadas con Venezuela y el Departamento de Estado había revocado los visados de más de 1.000 individuos y sus familias, según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés).
“Lo interesante es que, en todos los contactos con funcionarios de alto rango de ese gobierno [la cùpula que encabeza Nicolás Maduro], nadie quiere hablar sobre esas cosas [transición, elecciones]. Al contrario, lo que quieren saber es: ¿Cómo consigo reducir los cargos que el Departamento de Justicia tiene en mi contra por tráfico de drogas? ¿Cómo obtengo acceso a mi cuenta bancaria? Y ¿cómo le consigo a mi amante acceso a su cuenta bancaria? Esas son las tres cosas que más comúnmente comunican”, relató el Subsecretario interino para Asuntos del hemisferio occidental, Michael G. Kozak, en diciembre pasado.
En conversaciones que en la última semana de febrero DIARIO LAS AMÉRICAS sostuvo con oficiales clave de la Casa Blanca y el Departamento de Estado encargados de la política hacia la nación suramericana, los funcionarios admitieron el escepticismo de Biden sobre Maduro y su voluntad real de abrir pasos a una salida democrática bajo una óptica en la cual la figura de Guaidó no puede ser desechada de un día para otro.
“Tenemos mucho escepticismo de que el régimen esté serio porque hemos visto su forma de operar en el pasado. Entonces el enfoque aquí es seguir incrementando esa presión hasta que demuestre ese cambio”, advirtió el funcionario de la Casa Blanca.
“Hay que trabajar para apoyar al pueblo venezolano dentro y fuera de Venezuela. Y asegurarnos de que estamos apoyando una oposición unida y democrática”.
En privado la pregunta dentro del Gobierno es cómo pueden los Estados Unidos apoyar que la ruta conduzca a una elección, restableciendo entonces la democracia venezolana.
“El primer paso para eso es dejar de usar a Venezuela como una política doméstica en Estados Unidos para conseguir votos electorales en el Sur de la Florida. Hay que buscar una política bipartidista”, dijo el funcionario.
“La segunda cosa es asegurar que la comunidad internacional esté buscando un consenso que incremente la presión sobre el régimen de una forma coordinada para que ellos vayan a la mesa con buena voluntad porque el régimen ha desperdiciado la buena voluntad de iniciativas y diálogos en el pasado”.
La administración Biden apunta, sobre todo, a romper lo que percibió con una política de aislamiento de EEUU con respecto a Venezuela, y sus asesores admiten que el presidente no tiene distingo de ideologías a la hora de hallar una salida a esta situación.
La política de los Estados Unidos “busca una ruta que no importe la ideología. Una agenda de colaboración en base a los derechos humanos, de lucha contra la corrupción yendo contra todos aquellos que saquearon a esa nación. Nadie en el mundo estará en desacuerdo con eso”, sostuvo el funcionario.
“Con eso hay causa común entre el México de López Obrador y el Brasil de Jair Balsonaro, los dos quieren esa misma ruta”.
La ayuda agridulce
El desconcierto de Washington al advertir que Maduro rechaza el ingreso de ayuda humanitaria en medio de una crisis social que ha forzado el éxodo de más de cinco millones de venezolanos, está pesando dentro de la Casa Blanca conforme el Congreso, por su lado, quiere que el Departamento de Estado designe un “enviado especial” para Venezuela cuanto antes.
“El tema humanitario es uno de los que tenemos que redoblar. Darle respaldo a los venezolanos que han tenido que huir de su nación. Pero hay que tratar de convencer al régimen de que deje entrar la ayuda humanitaria dentro del país”, advirtió el oficial.
Muchas organizaciones de la sociedad civil (nacionales y extranjeras) están prestando asistencia humanitaria en buena parte de Venezuela, especialmente en los sectores populares, lo que ha desatado la furia de Maduro ante su incapacidad financiera de poder continuar controlando a la población a través de programas de alimentación.
A finales de 2020 las autoridades venezolanas desataron una persecución contra los directivos de varias organizaciones sin fines de lucro que prestan asistencia alimentaria acusándolos de lavar dinero, en medio de lo que el régimen definió como “campaña de desestabilización”.
Organizaciones como “Alimenta la Solidaridad” y “Caracas Mi Convive” han sido perseguidas por el gobierno, sus cuentas fueron congeladas, sin importar que este hostigamiento afectó a 25.000 niños cuyas familias no pueden costear sus alimentos.
Un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara está pidiendo al Secretario de Estado Antony Blinken nombrar un enviado especial para Venezuela, para revitalizar la diplomacia estadounidense contra lo que llaman el liderazgo “ilegítimo” de Maduro.
El cargo de enviado especial lo ocupó durante la administración Trump Elliot Abrams, designado en 2019, pero se retiró con la transición a la administración Biden.
En una carta enviada el martes 2 de marzo al secretario, los legisladores de la Cámara de Representantes de Florida pidieron a la administración de Biden que llene “rápida y juiciosamente” la vacante del enviado especial para apoyar la democracia en Venezuela, informó The Hill.
“Venezuela es un estado fallido, gobernado por un dictador ilegítimo y corrupto que maltrata a su pueblo, socava los intereses y valores estadounidenses y fomenta las relaciones con nuestros adversarios, incluidos China, Cuba, Irán y Rusia”, escribieron los legisladores.
Desafío en ciernes
A medida que Maduro se radicaliza y desde la Asamblea Nacional (Parlamento), electa en los cuestionados comicios de diciembre de 2020, es aupado por sus seguidores que ahora controlan este poder, el régimen se está apresurando en consolidar un marco jurídico que haga, aún más complejo, la lucha de la oposición y la sociedad civil.
El anuncio hecho el 03 de marzo de que el Parlamento reformará y aprobará 34 leyes que abordan áreas tan sensibles como el Código Civil, Minas, Código Orgánico de Justicia Militar, y la muy temida Ley de Cooperación Internacional, se enmarcan en esta estrategia de lograr un mayor control político.
El régimen madurista ha perseguido y acorralado a través de la justicia civil y militar, e instituciones estatales, a varias ONG’s nacionales y extranjeras en los últimos dos años. El caso más reciente fue la detención de los miembros de una ONG, Azul Positivo, quienes luego de haber estado varias semanas detenidos se les aplicó un régimen de presentación cada 30 días.
Pero es la sanción de la Ley de Cooperación Internacional la que, a partir de este momento, puede entorpecer la escasa ayuda exterior que está llegando a Venezuela y todo lo que esta representa en muchos casos para los gobiernos foráneos a la hora de promover su diplomacia.
El proyecto, del que apenas se conoce un primero borrador, busca ejercer un férreo control sobre los llamados programas sociales que puede conducir a la desarticulación de la cooperación internacional. Para sus críticos el objetivo es aislar a Venezuela y desmovilizar a la sociedad civil.
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