La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este miércoles 10 de marzo la actualización oral de su trabajo, de conformidad con la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos.
En septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe al Consejo, detallando casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género, cometidos por agentes del régimen venezolano desde 2014.
«Nuestras conclusiones fueron claras: algunas de estas violaciones se cometieron a gran escala y constituyeron crímenes de lesa humanidad«, sentenciaron.
En ese contexto, Marta Valiñas, Presidenta de la Misión denunció los severos ataques de la dictadura de Maduro contra ONG’s humanitarias en Venezuela. «El concepto estatal de enemigo interno” parece ser cada vez más amplio«.
«La Misión de Determinación de los Hechos está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos«, dijo.
Aseguraron que la dictadura ha endurecido los requisitos para el registro, la financiamiento y el funcionamiento de las ONGs. Las autoridades han detenido a trabajadores de ONGs por delitos previstos bajo la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, relacionados con la recepción de fondos extranjeros por parte de las ONGs y la distribución de tarjetas de prepago.
«Por ejemplo, en noviembre se emitió una orden de aprehensión contra Roberto Patiño, coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad, que distribuye comidas a personas necesitadas«, explicó.
«Además, en enero, oficiales militares y de inteligencia del Estado detuvieron arbitrariamente a seis hombres de la ONG de salud pública Azul Positivo. Aunque la Misión de Determinación de los Hechos reconoce su liberación el 10 de febrero, seguimos preocupados por el trato que recibieron durante su detención y por los cargos que se les imputaron. Las y los funcionarios públicos han alimentado el hostigamiento de las ONGs mediante el uso de retórica que critica la cooperación con organismos y organizaciones internacionales, o la recepción de fondos extranjeros», sostuvo.
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