La falta de alimentación básica es una realidad en las cárceles brasileñas. Al menos seis presos de la cárcel Pública de Altos, en el Estado de Piauí, murieron el año pasado debido a un brote de beriberi, enfermedad provocada por un déficit de vitamina B1 y relacionada con una alimentación inadecuada y pobre en nutrientes. Resumiendo: murieron desnutridos. Esa es la conclusión que se desprende de un informe técnico del Ministerio de Salud obtenido por EL PAÍS.
La Fiscalía de Piauí solicitó que se verificaran las condiciones de la prisión, gestionada por la Secretaría de Justicia del Gobierno de Wellington Dias (Partido de los Trabajadores). Según el documento, 199 de los 656 reclusos de la prisión fueron atendidos en los centros de salud con síntomas, y 56 fueron hospitalizados.
Con la pandemia del coronavirus, la entrega quincenal de alimentos de los familiares a los reclusos se vio interrumpida, lo que “puede haber agravado el cuadro de hipovitaminosis al que los presos se encontraban expuestos”. De acuerdo con el informe, ese hábito “representaba una fuente importante de acceso a frutas para los internos en la CPA”.
La investigación analizó los casos atendidos en los centros de salud, entrevistó a internos y evaluó el ambiente de la cárcel, así como sus rutinas, menús diarios y facturas de compra de comida. Una de las principales conclusiones fue que “la alimentación de los reclusos presentaba características de monotonía alimentaria, con presencia predominante de carbohidratos simples, en especial el arroz blanco”.
A los técnicos también les llamó la atención el hecho de que, entre la cena y el desayuno, había un intervalo de 15 horas, un periodo muy largo de ayuno. Además de arroz, el menú de la comida y de la cena contenía básicamente pollo o gallina. Para desayunar, galletas y un preparado a base de harina de maíz, sal y mantequilla. “Se concluye que la hipovitaminosis causada por la monotonía alimentaria / dieta pobre en vitaminas, especialmente la B1, es la etiología probable del surto”, recoge el documento.
Inaugurada a finales de septiembre de 2019 con el objetivo de desahogar el sistema penitenciario de Piauí, la prisión, situada a cerca de 30 kilómetros de la capital, Teresina, tiene una capacidad para 603 reclusos y es el penal mejor estructurado del estado. Pero ni aun así dejó de enfrentar su primera crisis pocos meses después de abrir. Entre marzo y junio de 2020, más de una centena de presos empezó a presentar síntomas como vómitos, dolor abdominal, náuseas, fiebre, entumecimiento, edemas, debilidad y dolor de cabeza, entre otros. La mayoría de los casos se produjo entre finales de abril y finales de mayo.
Por aquel entonces ya se habían denunciado casos de inundaciones y reflujos de aguas residuales por desagües, lavabos y letrinas, así como la rotura de la bomba del tanque de agua y el reabastecimiento del centro mediante un camión cisterna. Además, el penal había pasado por una fumigación. Todo este contexto alimentó las hipótesis, algunas consideradas por el Ministerio Público y la prensa local como verdaderas, de que los presos habían tenido leptospirosis, intoxicación exógena y enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria. Pero el equipo del Ministerio de Sanidad enviado al establecimiento penitenciario del 15 de junio al 7 de julio de 2020 las descartó todas.
Las seis muertes registradas generaron indignación y provocaron las protestas de los familiares en las calles de Teresina. El Ministerio Público de Piauí abrió una investigación para determinar la causa de las enfermedades de los presos y llegó a solicitar el cese del secretario de Justicia, Carlos Edilson Rodrigues Barbosa de Sousa, que permanece en el cargo hasta la fecha.
La crisis fue tal, que el Gobierno estatal decretó, ya en junio del año pasado, el estado de emergencia durante 90 días en la cárcel. “Nuestra reivindicación es que las familias sean debidamente indemnizadas, que esa masacre se haga un hueco en el debate público y que las autoridades e instituciones implicadas paguen por ello. Pero, principalmente, que este tipo de tragedias puedan evitarse”, afirmó el Frente por la Excarcelación del Estado de Piauí, que pide, asimismo, que las condiciones en los presidios de dicho estado sean totalmente transformadas.
EL PAÍS intentó ponerse en contacto con la Secretaría de Justicia de Piauí, sin obtener respuesta hasta el momento de esta publicación.
Pedido de investigación
La Fiscalía de Piauí llegó a concluir que los internos habían sido envenenados a causa de una fumigación “mal hecha”, pero acabó pidiendo el apoyo de la Secretaría de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud para identificar lo que estaba sucediendo. La investigación estuvo coordinada por el Programa de Formación en Epidemiología aplicada a los servicios del Sistema Público de Salud de Brasil (EpiSUS), pero en el informe no figura la fecha exacta de su publicación. Este periódico también intentó ponerse en contacto con el Ministerio de Sanidad, pero no recibió ninguna respuesta.
Según los técnicos de Sanidad, la mitad de los presos que enfermaron están en situación provisional y tienen un promedio de 24 años. “La investigación no se dedicó a estimar la magnitud del brote. En cuanto a este aspecto, las cifras presentadas están posiblemente subestimadas”, informa asimismo el informe, señalando que “una parte de los que enfermaron pudo haberlo hecho silenciosamente en las celdas, sin que hubieran recibido atención del equipo [médico]”. El documento también destaca que se identificó un cambio en el menú desde la segunda quincena de mayo, “lo que puede haber proporcionado una breve reposición de tiamina [vitamina B1] y favorecido el declive de la curva [de contagios]”.
Algunas de las recomendaciones de los técnicos de la cartera a la Secretaría de Justicia de Piauí fueron las de “administrar tiamina a todos los reclusos”, promover una evaluación clínica continua y, sobre todo, “diversificar los alimentos en el menú que se les ofrece a los presos, incluyendo vísceras, verduras y frutas, alimentos ricos en tiamina y otras vitaminas necesarias para una alimentación adecuada y saludable”.
El Frente por la Excarcelación del Estado de Piauí asegura que son “recurrentes” las denuncias de presos y familiares “sobre cuestiones relacionadas con la falta de alimentación básica, así como de torturas y malos tratos”. En este sentido, subraya que “la mayoría de los internos que enfermó no había recibido la comida de sus familias, que les aportaba componentes alimenticios diversos y equilibrados, lo que apunta a que tragedias de este tipo no ocurrieron antes debido a la actuación de los familiares.”
En un comunicado enviado a EL PAÍS, el Departamento Penitenciario Nacional (Depen), vinculado al Ministerio de Justicia, recuerda que el Consejo Nacional de Política Penal y Penitenciaria (CNPCP, por sus siglas en portugués) divulgó una resolución en 2017 en la que establecía parámetros de nutrición y de prestación de servicios de alimentación en el sistema penitenciario, basados en la Guía Alimentaria para la Población Brasileña, del Ministerio de Sanidad. El Depen también garantiza que siguió de cerca las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Salud y que, en mayo de 2020, solicitó información sobre “las medidas administrativas y correctivas” adoptadas para hacer frente a la situación en la CPA.
Para el Frente por la Excarcelación del Estado de Piauí, no se trata de un caso aislado y refleja una política de Estado. “No podemos normalizar las muertes evitables de seis personas y las enfermedades graves que padecieron otras decenas, que tendrán secuelas de por vida, como erros de ingenuidad y fruto del azar dentro de una institución penitenciaria del Estado”, afirma.
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