La familia del afroamericano George Floyd, que falleció hoy hace un año asfixiado por un agente de policía de Mineápolis (Minesota, EE.UU.), ha creado un programa de ayudas a la comunidad negra con parte del dinero logrado en el acuerdo civil con la ciudad que fue escenario de su fallecimiento.
El Fondo Comunitario de Benevolencia George Floyd, con un capital inicial de 500.000 dólares, ofrecerá ayudas a organizaciones y empresas propiedad de negros del barrio de Powderhorn, al sur de Mineápolis, donde murió el afroamericano a manos del ex agente de policía Derek Chauvin.
Así lo anunció este martes el abogado de la familia, Ben Crump, en un comunicado en el que explicó que los parientes de Floyd «sienten que algo positivo debe surgir del dolor y la injusticia que sufrieron» el pasado 25 de mayo de 2020.
El fondo «será un socio instrumental a largo plazo para los negocios de propiedad negra en el vecindario donde murió, donde todos hemos visto el impacto negativo continuo del racismo sistémico», señaló Crump.
El dinero para el fondo proviene del acuerdo civil por 27 millones de dólares que alcanzó la familia de Floyd con la ciudad de Mineápolis antes de la celebración del juicio contra Chauvin.
De acuerdo al comunicado, el fondo proporcionará subvenciones de 5.000, 10.000 y 25.000 dólares a entidades establecidas en ese vecindario que tengan un impacto local para renovar o expandir sus negocios, asumir el coste de becarios o de programas de capacitación y programas de concienciación sobre artes comunitarias.
La muerte de Floyd desencadenó entonces la mayor ola de protestas y disturbios raciales en EE.UU. desde finales de la década de los sesenta del siglo pasado tras el asesinato de Martin Luther King con una única súplica: el fin de la brutalidad policial contra las minorías raciales.
Chauvin, que presionó con su rodilla el cuello de Floyd durante más de 9 minutos, fue hallado culpable en abril pasado de los tres cargos que enfrentaba: asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.
Como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero. La lectura de su sentencia tendrá lugar el 25 de junio.
EFE
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