Este jueves 27 de mayo se conmemora un año más desde que el régimen de chavista decidió sacar del aire la señal abierta del canal Rctv tras 53 años de transmisión ininterrumpida. Ya son 14 los años que Rctv no ha estado presente en los hogares venezolanos.
La medianoche del 27 de mayo las pantallas -y los corazones- de Venezuela pudieron presenciar un blackout en la señal del canal 2, tras la decisión de Hugo Chávez de no renovar la concesión a Empresas 1BC para el uso del espectro radioeléctrico.
El régimen de Chávez basó esta decisión decisión en la postura asumida durante el golpe de Estado de abril de 2002, cuando el canal dividió la pantalla para presentar los hechos violentos que se suscitaban en los alrededores de Miraflores durante una marcha antigubernamental.
Un insulto de parte y parte
Para el fallecido Chávez, eso fue una falta absoluta de respeto para con el gobierno. El canal debía transmitir únicamente las imágenes de Chávez quien se encontraba en una alocución en cadena presidencial.
Los directivos del medio denunciaron que esta decisión era una maniobra política para silenciar a quienes no están de acuerdo con la revolución socialista.
Tras la salida del aire, el gobierno de Chávez expropió también los equipos del canal y sus filiales para transmitir la señal del nuevo canal del Estado Tves.
Aquella decisión de Hugo Chávez, anunciada el Día de los Santos Inocentes de 2006, y ejecutada el 27 de mayo de 2007, representó un punto de inflexión para el chavismo en materia del derecho a la libertad de expresión e información. El chavismo asimiló el enorme costo político, nacional e internacional, de la decisión. No se retractó, pero aprendió algunas cosas.
Lecciones para el régimen
Antes que cerrar un medio es mejor comprarlo. La medida administrativa contra Rctv incluyó muchas interpretaciones. Más allá de las lecturas jurídicas que se le dio al caso, la población vivió la decisión oficial como un cierre del canal. Rctv en ese momento era el canal de televisión más visto en el país y el medio de comunicación con la nómina de personal más alta dentro de Venezuela.
El escándalo que acompañó al chavismo en los meses y años siguientes, el impacto que tuvo el cierre en decisiones de carácter político (como la reforma constitucional) y el acicate que terminó dándole a la oposición, produjeron un aprendizaje en el poder.
Cerrar un medio de comunicación generaba muchos costos en materia de opinión pública, pero estos costos se diluían si un medio era comprado y se torcía su línea editorial, para hacerla más afín al régimen. Silenciar la crítica en Globovisión, por ejemplo, no se dio cerrando ese canal, sino forzando su venta. La seguidilla de venta de medios emblemáticos (El Universal, Cadena Capriles, Notitarde, entre otros) a testaferros en negociaciones opacas (por decir lo menos) no tuvieron para el chavismo un costo político significativo.
Si vas a sancionar a un medio, no lo anuncies con mucha antelación. El caso de RCTV fue emblemático en el manejo del tiempo. Transcurrió casi medio año entre el anuncio y la entrada en vigor de la decisión. Eso le permitió al propio canal, a académicos y activistas de la sociedad civil, a gremios de periodistas y artistas, prepararse, hacer denuncias y movilizaciones. Se creó un clima previo que aumentó el costo político para el gobierno.
Las siguientes acciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), devenida en brazo chavista de la censura, han venido operando de otra forma. Se utiliza un mecanismo siniestro establecido en la Ley de Responsabilidad Social que permite suspender un espacio o a un medio bajo una “medida cautelar” (desvirtuando también está figura), sin que eso esté precedido por un proceso administrativo. Una vez que estás fuera del aire o has sido clausurado se debe comenzar el peregrinaje por el sistema de justicia.
Abusa del poder, los tribunales no te fallan. Con mucha frecuencia se escucha decir a las autoridades de Conatel que los afectados por una decisión tienen el pleno derecho de apelar y recurrir a la justicia. No es un asunto menor recordar que las decisiones que toma Conatel, por ejemplo, se deben apelar ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Allí, sin embargo, se tienen todas las de perder. De acuerdo con un estadio de la ONG Un Estado de Derecho, entre 2005 y 2013 apenas el 0,75% de las sentencias dictadas por esta instancia fueron a favor de los demandantes. Casi en su totalidad la sala convalida las decisiones gubernamentales.
En el caso de Rctv, conviene no olvidarlo, las antenas e instalaciones del canal en diversos lugares del país fueron incautadas por el Estado y puestas al servicio de Tves. El TSJ nunca se pronunció ante los diversos recursos de presentados por Rctv para recuperar sus equipos, bien para lograr una indemnización del Estado. Sencillamente el gobierno los tomó y punto.
Y las historia, en este último aspecto, terminó repitiéndose lamentablemente con la decisión express del TSJ, que de facto implicó, en mayo de 2020, la confiscación de equipos, así como la toma de instalaciones, del servicio de Directv de televisión por suscripción.
Con información de Efecto Cocuyo y El Pitazo
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