Los militares están en las calles de Cali tras sangrientos choques entre manifestantes, policías y civiles armados. En una ciudad fracturada por el estallido social en Colombia, las tropas son aplaudidas en algunos barrios, pero en otros, como en las barricadas, hay recelo y miedo.
Tercera ciudad de Colombia con más de 2,2 millones de habitantes, Cali vivió el viernes una pesadilla cuando todavía no asomaba la noche. Vecinos con chalecos antibalas, pistolas y fusiles dispararon a manifestantes con la policía viéndolos de muy cerca.
Trece personas murieron en la jornada en la que se conmemoraba el primer mes de las manifestaciones contra el gobierno. Ocho de los muertos, según las fuerzas de seguridad, recibieron heridas de bala. La policía anunció investigaciones contra los agentes «permisivos».
Desde Cali, el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de los soldados, para que apoyen en las tareas de vigilancia a una policía cuestionada internacionalmente por la represión en las calles.
Durante un recorrido por la decaída ciudad de la salsa – donde los barones de la cocaína hicieron sentir su riqueza e influencia -, un equipo de la AFP se cruzó con escombros, montañas de basura, señales viales destruidas, vidrios rotos y hasta un casquillo nueve milímetros.
Los militares comenzaron a patrullar las sedes oficiales y la red de comercios. A su paso van viendo los locales, a punto de quebrar por la prolongada crisis, y las gasolineras saqueadas, mientras reciben el apoyo de conductores que hacen sonar sus bocinas.
«Lastimosamente el ejército no llegó a tiempo. El edificio Torre Empresarial lo vandalizaron por completo, así como muchos locales comerciales que quedaron en pérdida total», sostiene Ángela Sguerra, una médica de 42 años que reside en el exclusivo barrio Ciudad Jardín.
Aun así se alegra de tener a los soldados cerca: «Esto hace que nos sintamos más protegidos porque tendremos más oficiales que puedan atender cualquier novedad».
Temor en las barricadas
Durante el fin de semana, las protestas seguían activas en cinco puntos que los manifestantes, orgullosos, llaman sitios de resistencia y donde se espera con recelo la llegada de los militares.
«Hasta ahora no hemos tenido inconvenientes», dice a la AFP Juliana Bonilla, una líder comunitaria del popular barrio Siloé, que ha vivido jornadas sangrientas desde el 28 de abril.
Sin embargo, advierte la mujer de 28 años: «Con la policía se ha tenido choques y roces, por eso estamos más precavidos que siempre».
Según la ONG Indepaz, al menos 44 de las 71 muertes registradas en el marco de las protestas ocurrieron en Cali. La alcaldía reporta 550 heridos, entre civiles y policías.
También en Siloé puede verse el rastro de destrucción. De un local saqueado en la noche todavía salían temprano personas a pie o en motocicleta con latas retorcidas o cualquier cosa que pueda ser vendida como chatarra. Del mismo sitio los bomberos de Cali dijeron haber sacado el cuerpo calcinado de un hombre.
Elizabeth Serna, de 40 años y también dirigente comunitaria, critica que el gobierno haya ordenado «militarizar» sin escuchar a los jóvenes empobrecidos por la pandemia y hastiados de las cuarentenas que salieron a las calles a reclamar un Estado más solidario y oportunidades de educación y empleo.
Duque, que detonó la ira popular cuando planteó subir impuestos con el virus todavía haciendo estragos, palpó la fractura en Cali durante un recorrido el sábado.
Aplaudido en unas partes, fue abucheado en otras a los gritos de «!fuera!».
Un joven llegó incluso a decirle en sus narices «usted nos está matando, ¡no tiene perdón!». El mandatario negó con la cabeza y se retiró a su vehículo de seguridad, según quedó registrado en videos virales.
Pese a la orden presidencial de desplegar tropas, ni el ejército ni la policía se aproximan de día a las barricadas.
En una de ellas, un manifestante montado sobre un contenedor abandonado vigila con binoculares. Apenas comenta que quiere asegurarse de quiénes entran y salen.
Cerca, un hombre sale de una carpa y hace unos disparos al aire y más adelante otro se amarra a un poste de energía. Julian Rojas, de 23 años y con el rostro pintado los colores de la bandera colombiana, explica que así, atado, va a iniciar una huelga de hambre, para apoyar al movimiento de protesta.
«No hemos tenido presencia de militares» en las calles, se felicita, pero asegura que ha visto helicópteros y aviones oficiales sobrevolar las barricadas.
En otro punto, Lilibeth Tejada, empresaria manufacturera de 41 años, expresa su satisfacción con la llegada de las tropas. Quiere que restablezcan la autoridad para no llegar al extremo de «defender mi negocio cuando lo vayan a saquear».
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