En medio del cuestionamiento internacional a su Gobierno por la violencia policial durante más de un mes de protestas, el presidente de Colombia, Iván Duque, negó que los excesos de la fuerza pública sean sistemáticos y aseguró que se trata de «una minoría de hechos».
En entrevista con el diario El País, Duque argumentó: «Cuando me preguntan por la brutalidad policial, siempre digo que no generalicemos ni estigmaticemos, hagamos la decantación. En Colombia, se abren 30 millones de procedimientos policiales al año. ¿Se pueden presentar situaciones de abuso? Claro que sí, ¿pero es algo sistemático? No, porque es una minoría de hechos».
No obstante, el mandatario aseguró que no quedará ni un solo caso «sin investigar» porque Colombia «es un país que tiene instituciones independientes». El mandatario dio esas declaraciones en medio de las crecientes denuncias de excesos de la fuerza pública, que han sido registrados por organizaciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas, el pasado 28 de abril.
Hasta el pasado 28 de mayo, la organización de derechos humanos Temblores registraba 3.405 casos de violencia policial en las manifestaciones, que incluían 43 homicidios, 47 víctimas de agresión en sus ojos, 22 víctimas de violencia sexual, 1.445 detenciones arbitrarias, 1.133 casos de violencia física, 648 intervenciones violentas y 175 episodios de disparos de armas de fuego por parte de los uniformados.
Este lunes la Fiscalía General de la Nación actualizó su reporte de las protestas e informó que el número de muertes se elevó a 48; no obstante, solo relaciona 20 con las manifestaciones.
En la entrevista, Duque reconoció los abusos de las fuerzas de seguridad y afirmó que «se han investigado y sancionado». «La policía de Colombia hace depuraciones constantes de miembros que no están cumpliendo con la ley. El honor policial es muy grande, la institución tiene más de 128 años. Mi línea siempre ha sido todo el respaldo, pero toda la exigencia», comentó.
Policías junto a civiles armados
Duque dijo que su gobierno reconocía «la protesta pacífica como un principio legítimo y constitucional», pero condicionó los avances del diálogo con el Comité Nacional del Paro al levantamiento de los bloqueos viales, que se han mantenido por parte de los manifestantes.
«Para construir acuerdos requerimos no solamente que haya un repudio categórico a los bloqueos, sino que se den instrucciones para levantarlos. Si eso no ocurre, es muy difícil la negociación; el país no puede sentirse ni asfixiado ni secuestrado», apuntó el mandatario.
De igual forma, el presidente aseveró que ante esas manifestaciones pacíficas «nadie puede usar armas de fuego» y que ante actos de violencia «su utilización siempre depende del factor de proporcionalidad», considerando que estas se pueden «emplear sin poner en riesgo a terceros ni hacer tiros indiscriminados».
No obstante, durante las protestas se han registrado al menos dos episodios donde civiles armados, en conjunto con la Policía, disparan contra manifestantes desarmados.
A principios de mayo, esto sucedió contra una minga indígena y el pasado viernes hubo un acto similar, que dejó al menos 13 muertos. Ambos hechos se presentaron en Cali, capital del Valle del Cauca.
Aunque dijo que está dispuesto a pedir perdón, Duque recalcó que solo lo haría «por no haber transmitido los mensajes de la manera deseada».
Sobre la continuidad de las protestas —cuyo detonante fue una reforma tributaria que planteaba su administración y que luego fue retirada—, el mandatario colombiano insistió en que estas se han mantenido por el interés de «personas que quieren capitalizar políticamente esta situación de cara al año 2022 [cuando se celebran elecciones presidenciales]».
Para Duque, quien ha llamado «vándalos» y «terroristas» a los manifestantes, lo que persiguen sus opositores políticos es azuzar las protestas mediante «la estigmatización» y el uso de «un lenguaje incendiario para referirse a la fuerza pública».
Y una vez más repitió su versión sobre los «fenómenos de vandalismo y de terrorismo urbano» en las manifestaciones, que se las atribuyó «a la delincuencia común» o a grupos armados organizados relacionados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o con disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Con información de Actualidad RT
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