El deseo de modificar el régimen político y económico se ha instalado en esa sociedad desde el inicio de las violentas jornadas de protesta en octubre de 2019. La Convención Constituyente que inició sus sesiones el domingo pasado tiene un año para redactar una nueva carta magna en la cual revisará el régimen político, los derechos económicos, el sistema de Gobierno presidencialista y proclamará el carácter plurinacional del país.
Por Pedro Benítez- ALnavío
Hay países que en un determinado momento de su historia necesitan reparar agravios históricos. Pueden hacerlo de dos maneras, mediante acuerdos o intentando imponer a una parte del país sobre la otra.
El mil veces citado ejemplo de Nelson Mandela consistió en lo primero. El líder de la mayoría negra, marginada de todas las maneras posibles durante décadas, escogió el camino del acuerdo con la minoría blanca, sus antiguos opresores, consciente que de otro modo su país, Sudáfrica, no sería viable.
Su vecino Zimbabue, con una historia previa de opresión similar, tomó un camino inverso desde que Robert Mugabe fue elegido presidente en 1980. Los perseguidos pasaron a ser perseguidores, y viceversa. Los resultados de los dos ejemplos están a la vista.
UNA ENCRUCIJADA
En circunstancias ciertamente menos dramáticas, Chile enfrenta hoy una encrucijada parecida. La elección de la lingüista, académica y representante de la comunidad mapuche, Elisa Loncón, como presidenta de la Convención Constitucional chilena es un símbolo muy poderoso de la intención de una parte de esa sociedad por intentar reparar la histórica marginación que los pueblos indígenas han sufrido en ese país. Un viejo agravio, muy real, que recuerda, por cierto, uno de los grandes fracasos de las sociedades latinoamericanas.
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