Desde 2013 las autoridades cedieron a grupos delictivos el control de territorios sin vigilancia policial a cambio de que depusieran las armas y se reintegraran a la sociedad. El proyecto, lejos de funcionar, consolidó el poder de personajes como El Coqui, que convirtió la zona de paz de la Cota 905 en su propio reino.
Luego de 48 horas de violencia armada en el oeste de Caracas, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) tomaron el control de la Cota 905 la mañana del 9 de julio de 2021. Más de 800 funcionarios desplegados en respuesta a los tiroteos efectuados por los grupos delictivos de la zona contra edificios residenciales, sedes policiales y autopistas, con un saldo de ocho personas muertas y múltiples heridos.
El operativo especial no solo se limita a la Cota 905, sino que también se extiende hacia otros sectores como La Vega, El Cementerio y el barrio El 70 de El Valle. De acuerdo con la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, el plan es capturar al principal líder de la organización criminal, Carlos Luis Revete, alias El Coqui. También buscan a sus otros dos jefes: Carlos Calderón Martínez, alias El Vampi, y Garbis Ochoa Ruiz, alias El Galvis.
La incursión de las fuerzas policiales en estas zonas populares de Caracas pone fin a un pacto no escrito que por años reinó entre el régimen de Nicolás Maduro y las bandas delictivas: las zonas de paz. Este proyecto fallido permitió por años a los delincuentes evitar la persecución policial en sus barrios a cambio de reducir allí los índices de criminalidad. La medida evidentemente nunca funcionó.
¿Qué son las zonas de paz?
En entrevista para El Diario, el abogado y criminólogo Luis Izquiel explica que las zonas de paz nacieron de la teoría de que podía iniciarse un proceso de pacificación de las bandas a cambio de cederles territorios. Los delincuentes entregarían sus armas y se incorporarían a labores productivas si se eliminaba la presencia policial en estos espacios.
El origen de este proyecto se puede rastrear al año 2013. En ese entonces el actual alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, era viceministro de Seguridad Ciudadana. En ese momento, como parte del Plan Patria Segura y el Movimiento por la Paz y la Vida, inició una serie de conversaciones con los líderes de los principales grupos criminales del país.
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