El presidente Iván Duque pidió este lunes a Washington declarar a Venezuela como promotor del terrorismo. Este diario preguntó a diversas autoridades en Washington sobre esta posibilidad y aún aguarda respuesta. De momento esto es lo que se sabe.
La designación de un Estado como promotor del terrorismo recae en el Secretario de Estado de EE. UU. Aún así, para llegar a la determinación de incluir o excluir a un país de esta lista negra, primero se adelanta una revisión interagencial que suele ser rigurosa y está basada en varias leyes. La primera es la sección 620A Acto de Asistencia Extranjera de 1961, que prohíbe la asistencia de EE. UU. a un país que respalde actos de terrorismo internacional.
Así mismo, el Acto para Controlar la Exportación de Armas, que bloquea la exportación o venta de armas para un país designado y el Acto de Autorización para la Defensa Nacional que se renueva cada dos años e incluye los montos que autoriza el Congreso para otros países.
En su conjunto, estas leyes son la estructura del régimen de sanciones que puede pasar para un país que sea incluido en la lista y que no solo afecta a ese país sino a personas o gobiernos que tengan relaciones comerciales con ese país.
En este momento solo hay cuatro países. Siria, desde 1979, Irán, desde 1984, Corea del Norte desde el 2017 y Cuba desde enero de este año. La Habana ya había estado en la lista durante varios años pero fue excluida al final de la segunda administración de Barack Obama (mayo de 2015) como parte del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países que había iniciado este expresidente. Sin embargo,10 días antes de abandonar de salir del poder (12 de enero de 2021) el Secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, volvió a desinflar al país como estado promotor del terrorismo.
Y una de las razones que esgrimió para la designación fue su apoyo al Eln por permitir que sus líderes se refugiaran en la isla pese a que eran buscados por la justicia colombiana y acusados de actos de terrorismo.
Tanto en el caso de Obama -para excluir-, como de Trump -para volverlo a meter-, se trató de procesos largos en los que pesaron los intereses políticos de quienes ocupaban la Casa Blanca.
EE. UU., de todas maneras, evalúa de manera permanente estas designaciones y cada cierto tiempo se le ofrecen recomendaciones al secretario de Estado. Parte de esa evaluación se incluye en el Reporte Anual sobre Terrorismo, que produce el departamento de Estado todos los años y que suele publicarse en abril. En este no solo se documentan las acciones de terrorismo del año anterior sino los grupos que las perpetraron (que también son designados a una lista) y los estados que están incluidos en la lista de promotores.
El caso de Venezuela, como el de Cuba, es complejo. A lo largo de la última década las mismas autoridades de EE. UU., a través de reportes como el Terrorismo, han indicando que el gobierno en el vecino país, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, le han brindo refugio y en algunos casos colaboración, a grupos declarados por ellos mismos como organizaciones terroristas (Farc y Eln).
Pero hasta la fecha nunca han declarado a Venezuela como un Estado promotor del terrorismo. Ese fue un tema del que se habló mucho durante la administración Trump pero el expresidente republicano tampoco quiso o pudo dar el paso. Uno de los temores principales que existe es que las sanciones que emanan de la designación son tan estrictas que terminan dificultando los canales para colaborar con la sociedad civil en estos países o brindar ayuda humanitaria.
Así mismo, de alguna manera los obliga a considerar sanciones colaterales contra otros países que tienen relaciones con el régimen. En este caso Rusia y China, por ejemplo.
En este momento, además, la administración de Joe Biden está tratando de revivir las negociaciones para una salida democrática a la crisis de Venezuela y fuentes indican que estarían muy cerca de hacer anuncios importantes. Designar a Venezuela como un estado promotor del terrorismo podría hundir esas aproximaciones.
Aún así, el pedido del presidente Iván Duque a EE. UU. para que tome esa decisión tiene peso. Según el presidente, el Gaor 33 (Grupo Armado Residual) que según las investigaciones atentó contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y contra la vida misma del mandatario, está protegido en ese país.
«Claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo», dijo el mandatario durante el III Seminario Internacional de Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano.
Duque agregó que esa declaración tiene como objetivo no solo develar esa relación «perniciosa», sino forzarlos a que tomen un camino: «o seguir patrocinando el terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando».
En otras palabras, una cosa es «mirar para el otro lado¨cuando grupos terroristas se esconden en una frontera que es porosa y otra proteger a elementos que intentaron asesinar al presidente y planean y ejecutan ataques contra las fuerzas armadas de otro país.
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