Cultivos ilícitos, agricultura intensiva, minería ilegal narcotráfico producen una «preocupante degradación ambiental» en la Amazonía colombiana, cada vez más golpeada por la deforestación y los ataques contra ambientalistas, denunciaron este jueves varias ONG.
AFP
La región «enfrenta una crisis ambiental y de seguridad sin precedentes que tiene en grave riesgo a los defensores ambientales, advirtieron nueve organizaciones colombianas e internacionales en la presentación de un informe sobre el tema.
El acaparamiento de tierras para la agricultura o la ganadería y las economías ilegales como la minería y los narcocultivos no solo afectan al medioambiente sino que también han agudizado la violencia, según el documento titulado «Un clima peligroso: Deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonía colombiana».
Según cifras del IDEAM, órgano estatal a cargo de la vigilancia ambiental, el 70% de la deforestación del país se concentra en esta región «y sigue en aumento: de 98.256 hectáreas en 2019 a 109.302 hectáreas en 2020».
«Aunque esta crisis viene gestándose desde hace décadas, ha cambiado significativamente desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016», alerta el informe elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el centro de estudios alemán Adelphi con el respaldo del World Wildlife Fund (WWF).
Un «vacío» mortal
«Una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos, han aprovechado el vacío de poder dejado por el desarme de gran parte de las FARC, para ampliar su poder y sus actividades económicas ilegales, las cuales, en su mayoría, impactan negativamente la naturaleza», explica el texto.
«Las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones estatales que intentan proteger la Amazonía, entraron en conflicto con los intereses de estos grupos poderosos y (…) se han convertido cada vez más en blancos de ataques», enfatiza Juan Carlos Garzón, investigador de la FIP y uno de los autores del análisis.
Según la ONG británica Global Witness, en 2020 Colombia fue el país más peligroso para los defensores ambientales: 65 de ellos fueron asesinados.
Las comunidades indígenas «se han visto especialmente afectadas por esta situación, pues están perdiendo sus tierras y sus medios de sustento, y son objeto de afectaciones a los derechos humanos, violencia y desplazamiento», denuncian las ONGs.
La Amazonía colombiana ocupa casi un tercio del país (400.000 km2). Unos 120 kilómetros del rio Amazonas fluyen por esta región que concentra una rica flora y fauna. Leticia, la capital, es un importante puerto comercial fronterizo con Brasil y Perú.
Entre las zonas más afectadas «se encuentran los Parques Nacionales Naturales Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de La Macarena, así como la Reserva Indígena Nukak Makú».
El informe señala que las medidas de las autoridades para proteger a los ambientalistas «han carecido de recursos y capacidades suficientes, y no han logrado desempeñar un papel significativo para reducir los riesgos».
El país atraviesa el peor rebrote de violencia desde el desarme de las FARC. Grupos de rebeldes que se apartaron del pacto de paz, bandas narco de origen paramilitar y la guerrilla del ELN se disputan las rentas de las economías ilegales en zonas donde el estado tiene una débil presencia.
Operaciones militares como «Artemisa» y otras iniciativas de seguridad destinadas a frenar la deforestación «no han logrado debilitar las redes que impulsan la inseguridad y la degradación ambiental».
«Por el contrario, han sido más bien fuente de preocupación por los casos de abuso de la fuerza, la afectación de derechos fundamentales y las tensiones que han generado entre las comunidades», subraya el documento.
Los autores sugieren «abordar el control de la deforestación y las actividades ilegales como parte de una estrategia de paz más amplia», en un país castigado por seis décadas de conflicto armado con más de nueve millones de víctimas, en su gran mayoría desplazados.
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