Las doce hectáreas diarias (un cálculo aproximado de los geólogos) que la lava del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma está ganando al mar es ya, automáticamente, dominio público marítimo terrestre, es decir, propiedad del Estado, mientras que las propiedades sepultadas en tierra firme por la colada magmática seguirán siendo privadas.
Hasta el momento, La Palma ha crecido ya unas 28 hectáreas encajonándose en el océano Atlántico, con la ‘isla baja’ de lava formada a los pies de sus acantilados. Según la ley, ese terreno que ha aumentado el territorio nacional obliga al Estado a proteger su nuevo bien, ya que forma parte del patrimonio geológico y por tanto está sujeto a la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de modo que este podrá o no expropiar tales propiedades. En literalidad de la Ley de Costas, pertenecen al dominio público marítimo terrestre estatal los terrenos o islas que estén formadas o se formen por causas naturales en el mar territorial o en las aguas interiores de los ríos, hasta donde se hagan sensibles las mareas. Por tanto, estos terrenos que previsiblemente ganará el dominio público marítimo terrestre serán inalienables, imprescriptibles e inembargables».
Y en el marco de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 2007, las nuevas formaciones geológicas forman parte del patrimonio, de modo que se establece la obligación de su protección con alguna de las distintas figuras. El delta de más de 50 metros de altura y todo el avance de la lava sobre el mar obligarán asimismo a modificar el mapa, algo que corresponderá, una vez termine el episodio eruptivo al Instituto Geográfico Nacional.
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