Desde 2019, cuando el gobierno colombiano ordenó el regreso de todos los funcionarios consulares en Venezuela, los millones de ciudadanos del país andino que residen en el país viven entre la incertidumbre y el abandono, sin poder renovar sus documentos, registrar a sus hijos o ejercer el derecho al voto.
Objeto frecuente de la xenofobia en su país de acogida y del olvido por el suyo, ni siquiera se sabe con certeza el número de colombianos que residen en Venezuela, un país formado por millones de extranjeros y en el que ellos son, habitualmente, los trabajadores más humildes.
El director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanus, explicó a Efe que «una de las grandes limitaciones» que les ha traído el cierre consular es no poder solicitar en la oficina correspondiente el retorno a su país.
«Si un migrado de origen colombiano en el municipio Sucre, en Petare, decide hoy irse para Colombia no tiene ante quien hacer la solicitud respectiva», comentó.
Además, no cuentan con una oficina para tramitar «lo que afecta al día a día», como el registro civil, por lo cual no pueden inscribir a sus hijos nacidos en Venezuela y que «requieren tener la nacionalidad colombiana».
«Cuando se extingue el pasaporte, que dura 10 años, no hay cómo sacarlo; hay que ir a territorio colombiano (…) y no se puede otorgar un poder para que representen a las víctimas o a los desplazados (del conflicto armado) que quieren demandar al Estado», ejemplifica Tanus, quien recuerda que en 2022 habrá elecciones en Colombia y quedarán sin derecho al voto.
Entre 4 y 5 millones
Tanus explicó que, ante la falta de datos, han tratado de hacer un censo y llegaron a la conclusión de que entre 4,5 y 5,5 millones de colombianos «tienen arraigo en territorio venezolano», es decir, han vivido en algún momento en la nación. De ellos, cerca de 954.000 han regresado a su país de origen.
Sin embargo, aseguró que sigue siendo «la población migrada más importante en términos numéricos» en Venezuela y también «en términos de pobres viviendo en territorio venezolano».
Para ellos pide que «haya una mirada real» para una población que «tiene dificultades» propias de Venezuela y otras adicionales «por su condición de extranjeros».
El joven Frederick Martínez nació en Cartagena de Indias y reside desde los 5 años, hace 19, en Venezuela. Él necesita, como cualquier extranjero que viva en un país que no es el suyo, un pasaporte para poder tramitar una visa y continuar en la nación donde creció.
Pero el suyo lo robaron en pleno cierre de relaciones consulares y quedó «totalmente indocumentado».
Para poder subsanar su problema, tuvo que emprender un caro viaje por tierra hasta Colombia, renovar los documentos y volver a su casa, que está en un país que considera el suyo y que le ha «brindado muchas oportunidades».
Dejó buena parte de sus recursos, propios y prestados, para hacer un trámite básico, pero «si no lo hacia así, iba a estar ilegal» en Venezuela, un hogar en el que los colombianos deben superar decenas de obstáculos y a los que el conflicto entre los dos gobiernos ha sumado uno más que se antoja insalvable, el del cierre consular.
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