Primero la Justicia española autorizó la extradición a Estados Unidos de una extesorera del gobierno de Venezuela. Después aprobó la entrega de un exjefe del espionaje chavista. Y, entre ambas decisiones, Cabo Verde envió a Miami a un empresario vinculado al gobierno de Nicolás Maduro acusado de lavado de dinero.
Por BBC MUNDO
Esta seguidilla de hechos conocida apenas en la última semana ha llamado la atención internacional y plantea una pregunta evidente: ¿podría la Justicia de Estados Unidos convertirse de hecho en una especie de tribunal sobre el chavismo?
«Hasta cierto punto, sí», responde Javier Corrales, un profesor de ciencia política en el Amherst College de EE UU que ha escrito libros y artículos sobre Venezuela. «Por eso es importante que estos casos se manejen bien», agrega en declaraciones a BBC Mundo.
La importancia de las tres personas requeridas por EE UU surge de la proximidad que tuvieron con la cúpula del poder en Venezuela.
Alex Saab, extraditado el sábado a Miami y presentado ante una corte federal de esa ciudad el lunes, era uno de los colaboradores más cercanos de Maduro. Está acusado de lavar cientos de millones de dólares provenientes de un esquema de corrupción en el país.
Hugo Carvajal lideró la contrainteligencia militar venezolana durante los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, con quien rompió públicamente en 2019. Está detenido en España, donde la Audiencia Nacional aceptó el miércoles su extradición a EE UU para enfrentar cargos de narcotráfico, algo que él intenta evitar.
El mismo tribunal español también ha dado luz verde a la extradición a EE UU de Claudia Díaz, una extesorera nacional del gobierno de Venezuela y exenfermera de Chávez acusada en un tribunal de Florida de asociación delictiva para lavar dinero.
Estos procesos corren por carriles separados pero, según algunos analistas, cualquiera de ellos podría destapar información comprometedora para el gobierno de Venezuela.
«Estos casos pueden llegar a ser una suerte de Papeles de Pandora Plus», señala Corrales, en referencia a los documentos filtrados por la prensa hace unos días que mostraban el uso de paraísos fiscales por parte de altos funcionarios de gobiernos de medio mundo. «Van a generar más información sobre cómo funcionan los gobiernos que esos papeles».
Sin embargo, advierte que «se deben seguir cuidadosamente los procesos legales y el manejo de la evidencia para que EE UU no termine siendo visto como el mal actor en este capítulo del chavismo».
«Las ruedas de la justicia»
Por lo pronto, la extradición de Saab a Miami se ha vuelto un nuevo escollo en las relaciones entre EE UU y Venezuela.
Maduro ha presentado a Saab como un enviado diplomático y acusó a Washington de secuestrarlo violando el derecho internacional.
También sostuvo, sin presentar pruebas, que miembros del gobierno de EE UU buscaron extraer mediante torturas testimonios falsos al empresario de origen colombiano sobre el gobierno de Venezuela.
«Querían obligarlo a mentir y convertirlo en un monstruo para ser un acusador falso contra Venezuela, cosa que Alex Saab nunca aceptó», dijo Maduro en el canal estatal Telesur el domingo.
Su gobierno suspendió las negociaciones que mantenía con la oposición venezolana en México y envió a prisión a seis ejecutivos petroleros, cinco de ellos ciudadanos estadounidenses.
El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, lamentó el martes que el gobierno de Maduro abandonara el diálogo con la oposición, lo que a su juicio indica que el mandatario «antepone el interés propio a los intereses del pueblo venezolano».
Blinken también sostuvo durante una gira por Suramérica que el proceso de extradición de Saab llevaba años en curso y es independiente de lo que suceda en ámbitos políticos.
Algunos analistas señalan incluso que la suspensión de las negociaciones entre el chavismo y la oposición como consecuencia de este caso parece contraria a los intereses del gobierno de Joe Biden, que había apoyado ese diálogo y anunciado su disposición a revisar sanciones a Venezuela si el mismo progresaba.
«Esto no es algo que ellos [en el gobierno de EE UU] estaban buscando«, afirma David Smilde, asesor principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), un centro de investigación que promueve los derechos humanos en la región especializado en Venezuela.
Pero sostiene que poco o nada puede hacer la Casa Blanca en procesos de este tipo, iniciados en gobiernos anteriores.
«Una administración tiene influencia en dirigir la justicia hacia ciertos casos, pero una vez que el caso comienza, hay acusaciones judiciales y ahora extradiciones, es muy difícil que intercedan para echar eso para atrás: ya las ruedas de la justicia están rodando», dice Smilde a BBC Mundo.
Y explica que el hecho de que ciudades como Nueva York o Miami sean plazas importantes del sistema financiero internacional, permite a EE UU enjuiciar a extranjeros por el presunto lavado de dinero que pase por sus bancos.
Respecto a Saab, el Departamento de Justicia estadounidense ha afirmado que participó en la transferencia de unos US$350 millones que pasaron por cuentas bancarias de EE UU desviados de un proyecto de viviendas sociales en Venezuela.
«Sí, [EE UU] ha llegado a ser casi el fiscal«, afirma Smilde. «Como los tribunales en Venezuela no persiguen estos casos, EE UU lo está haciendo».
«Cumplir ese rol»
Estados Unidos ya celebró en años recientes juicios sensibles para el chavismo.
Por ejemplo, en diciembre de 2017 un juez federal de Nueva York condenó a 18 años de cárcel por narcotráfico a dos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, quien también indicó entonces que se trataba de una causa fabricada en su contra.
En noviembre de 2018, un juez federal en Miami condenó a 10 años de prisión por lavar cientos de millones de dólares a Alejandro Andrade, un exguardaespaldas de Chávez que fue ascendido a tesorero nacional de Venezuela.
Esta semana, la justicia de EE UU redujo a 42 meses de prisión la pena de Andrade por haber colaborado con las autoridades tras declararse culpable, entregar valiosos activos e información contra otras figuras del chavismo, incluida Claudia Díaz.
La extesorera venezolana le dijo a BBC Mundo en 2018 que, cuando el cáncer incapacitó a Chávez, recibió de «altos funcionarios» venezolanos instrucciones ajenas a la ley a las que se negó.
Muchos se preguntan ahora si Saab, tal vez incentivado por la gran reducción de pena a Andrade, también aceptará colaborar con los investigadores estadounidenses, que sospechan que actuaba como uno de los principales testaferros de Maduro y su entorno.
La oposición venezolana también tiene la expectativa de que el proceso contra Saab desnude información sobre los vínculos de Venezuela con Irán y Rusia, ya que sostienen que el empresario tejió redes ocultas con estos países para eludir sanciones de Washington.
El poderoso diputado chavista Diosdado Cabello admitió esta semana que Saab «fue uno de los encargados de burlar todas las persecuciones del imperialismo contra la patria».
«Fue capaz de traer a Venezuela hasta gasolina, medicinas, alimentos. ¿Que le pagaron? Sí, claro. Pero es que a cualquiera se le podía pagar. El problema es que muy pocos querían cumplir ese rol», dijo Cabello en su programa semanal Con el mazo dando.
El gobierno venezolano ha asumido una actitud diferente con su exespía jefe el Pollo Carvajal, detenido en Madrid en septiembre y acusado por EE UU de narcotráfico —incluido el envío de 5,6 toneladas de cocaína de Venezuela a México en 2006—, cargos que él rechaza.
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