Profesionales en Cuba que participaron en las protestas del 11 de julio dicen que el gobierno utiliza la expulsión del trabajo como represalia y para coaccionar por motivos políticos. No obstante, aseguran que saldrán a marchar el 15 de noviembre.
Antoni Belchi | Luís Felipe Rojas | Voz de América
El médico cubano Manuel Guerra fue expulsado de su puesto en la sala de ginecobstetricia del hospital de Buenaventura, un pueblo de la provincia de Holguín, al oriente de Cuba, por salir a protestar en julio contra el gobierno.
El médico de 27 años dijo que el detonante de su decisión de salir a la calle a protestar fue cuando un compañero de trabajo fue despedido por mostrarse contrario al Gobierno. “Cuando vi eso, me indigné y dije: ‘Si esto le pasa a este colega, nunca se van a poder decir las realidades”, declaró en una entrevista con la Voz de América.
Durante las marchas del 11 de julio, Guerra se plantó en primera fila junto a los manifestantes en el parque más céntrico de Holguín. Poco después fue arrestado y trasladado a un centro de instrucción penal, donde se le acusó de desacato.
El 15 de noviembre está convocada en la isla la “Marcha Cívica por el Cambio”, una acción que busca dar seguimiento a las protestas del 11 de julio. Pero hay quienes todavía están viviendo las consecuencias de haber participado en julio: muchos fueron detenidos y otros expulsados de sus puestos de trabajo, una estrategia que el gobierno está utilizando como represalia y coacción, dijeron entrevistados a VOA. No obstante, aseguran que saldrán de nuevo a protestar.
Medidas cautelares contra los manifestantes
Guerra dice que permaneció 24 horas arrestado y tiene impuesta una medida cautelar que lo obliga a presentarse en una unidad policial cada lunes para firmar un documento y estar controlado regularmente.
Pese a eso, asegura que estas acciones represivas no van a detener sus ideales. También se unió al grupo “Archipiélago”, liderado por el actor y dramaturgo Yunior García, principal promotor de la marcha cívica del 15 de noviembre.
A medida que se acerca la fecha clave, las autoridades mueven fichas y, al igual que Guerra y García, otros miembros del proyecto Archipiélago han recibido citaciones en las fiscalías provinciales de cada territorio.
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