La boliviana Gabriela Zapata, la exnovia del expresidente Evo Morales, logró su libertad condicional tras cinco años en prisión por un proceso en el que fue investigada y sentenciada por seis delitos económicos, incluido el de legitimación de ganancias ilícitas.
EFE
El «mandamiento de libertad condicional» para Zapata, firmado por el juez cuarto de Ejecución Penal Abraham Aguirre, circuló primero en las redes sociales y luego el abogado de la mujer, Marcelo Tamayo, confirmó a los medios su autenticidad.
«Hay un mandamiento de libertad emitido por el juez Abraham Aguirre que dispone la libertad condicional en uno de los procesos que es el de legitimación de ganancias ilícitas», precisó Tamayo.
Zapata accedió a un «beneficio que otorga la ley de Ejecución Penal» a personas que hayan tenido «una excelente conducta dentro del penal», entre otros requisitos, según el jurista.
La citada norma establece que también se debe haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o aquella que derive del nuevo cómputo, tener buena conducta y demostrar «vocación para el trabajo».
Zapata también tiene pendiente un proceso por trata de personas por haber sido parte de un montaje para presentar en 2016 en un juzgado a un niño como si fuera hijo suyo y de Evo Morales, argumentando que nació en 2007.
Sin embargo, la mujer luego se retractó de esas afirmaciones y sostuvo que el supuesto hijo en realidad nunca nació, pese a que muchas veces había sostenido enfáticamente lo contrario.
Tamayo aseguró no tener «el dato certero de que ella haya abandonado el penal» donde se encuentra recluida en La Paz, pues por el caso de trata de personas, que aún no ha ido a juicio, debería continuar en prisión preventiva.
LOS ANTECEDENTES
Gabriela Zapata fue detenida en febrero de 2016 y condenada en 2017 a diez años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventajas ilegítimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
La que fuera novia de Morales entre 2005 y 2007 fue acusada por el Ejecutivo de usar los predios de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para hacer tratos ilegales con empresarios, oficinas que hace muchos años servían como despacho de la primera dama.
Según el entonces Gobierno de Morales, los altos cargos de ese ministerio nunca se enteraron de que Zapata hacía negociaciones en esas oficinas.
La Fiscalía señaló en su momento que Zapata no pudo explicar la procedencia de 2 millones de dólares en sus cuentas, ya que la suma no se correspondía con el salario que percibía como gerente comercial de una filial de la constructora china Camce.
Esa empresa se adjudicó varios contratos estatales para construir obras en Bolivia por 566 millones de dólares.
En principio, la oposición denunció un supuesto tráfico de influencias vinculado a Morales, pero él siempre rechazó esa acusación y el Parlamento, controlado por su partido, concluyó en una investigación que ese delito no existió.
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