Por cuarto año consecutivo la oposición nicaragüense demanda una “Navidad sin presos políticos”. La campaña busca liberar a 171 personas que se encuentran en las cárceles de Daniel Ortega, la mayoría de ellos apresados después de las protestas de abril 2018 que pusieron en jaque al régimen nicaragüense.
“Invitamos al pueblo de Nicaragua, organismos de derechos humanos, comunidad internacional, nicaragüenses de la diáspora y del exilio a sumarse a esta campaña, para que se logre la libertad plena de las presas y presos políticos, así como la justicia y la democracia en Nicaragua; ya que somos una Nación que merece paz, desarrollo social, empleos dignos, buenos servicios de salud, educación de calidad, y calidad de vida para nuestras familias y conciudadanos”, expresa un comunicado de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
El “Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas”, que integra a varias organizaciones de familiares de presos políticos, establece en 158 los detenidos por razones políticas después de abril de 2018 que aún permanecen en las cárceles y 10 más que fueron apresados en los años anteriores a la rebelión de ese año. Sin embargo, en la lista no se integran tres presos políticos cuyos familiares u organizaciones pidieron no aparecer en las listas públicas.
“La cantidad aún podría ser mayor porque hay muchos familiares que por miedo a las represalias piden que no se incluya a su preso, y en otros casos no está muy clara la situación porque el régimen acostumbra acusar a los opositores por delitos comunes”, explica Ricardo Baltodano, exreo político que trabajó en el informe.
El más antiguo de los reos políticos es Marvin Vargas, 51 años, conocido como “El Cachorro”, un líder de los veteranos de guerra que en su momento apoyó las campañas de Daniel Ortega, y quien amenazó con ejecutar protestas en reclamo por las promesas no cumplidas de Ortega a su organización. En marzo de 2011 fue capturado bajo cargos de “estafa” y desde entonces ha permanecido la mayor parte del tiempo en celdas de castigo. Cada vez que se vence su condena, aparecen nuevos cargos que le han impedido recobrar su libertad. “Todo apunta que el propósito es que muera en la cárcel”, dice Pablo Cuevas, el abogado de derechos humanos que ha seguido su caso.
Edgard Parrales, 79 años, es el preso político más reciente y el de mayor edad entre los 171 detenidos. Fue capturado por la Policía en su casa, poco después de dar una entrevista en un canal de televisión como experto en temas diplomáticos. Parrales es abogado, fue sacerdote católico y embajador del gobierno sandinista ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en los años ochenta.
También se destaca el caso de los hermanos Martínez, Adrián Alexander (18 años); Richard de Jesús (19); y Ángel Sebastián (23), los tres capturados el 19 de marzo de 2020 por supuestamente negarse a participar en la represión contra los jóvenes que protestaban, según informó la sección de Derechos Humanos del diario La Prensa.
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