El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este miércoles que los familiares de 13 reos recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de San Felipe, estado Yaracuy, denunciaron que las autoridades les impiden el ingreso de alimentos y agua potable para los presos.
Las familias de los reclusos aseguraron que “temen por el estado de salud de los privados de libertad” al no contar con las condiciones mínimas para su alimentación regular, informó el OVP, ONG que vela por los derechos humanos de los privados de libertad.
Según una investigación realizada por el OVP, con información obtenida a través de los privados de libertad, abogados, especialistas en salud y ONG, los presos en 34 cárceles del país sufren de desnutrición y “el hambre azota a la población reclusa venezolana”.
Carolina Girón, directora del OVP, recordó durante la presentación del informe, “que el Estado es el responsable de la alimentación de las personas que se encuentran bajo su custodia, debido a que es un derecho humano y está establecido tanto en la legislación venezolana como en las leyes, normas y pactos internacionales”.
Además, denunció que para el primer trimestre del 2021 existía un 177,07 % de hacinamiento y que las cárceles venezolanas “no cuentan con la infraestructura ni con las políticas para mantener los estándares mínimos de reclusión para que las personas cumplan sus condenas con dignidad”.
En el país caribeño no existen informes oficiales públicos donde se dé a conocer la situación de las prisiones ni las condiciones en las que viven los reclusos.
244 presos políticos
La ONG venezolana Foro Penal denunció que en el país hay 244 personas detenidas a las que consideran presos políticos, sin variación con respecto a su último reporte publicado el pasado 21 de diciembre.
“Al día de hoy, ya cerrando 2021, en el Foro Penal registramos 244 presos políticos en Venezuela. Además, 9.422 personas siguen sujetas a procesos penales políticos, pero bajo medidas cautelares”, indicó el director de la ONG, Gonzalo Himiob.
Del total de detenidos, 230 son hombres, 14 mujeres y hay un menor de edad. Además, 112 son civiles y 132 presos son militares.
La organización añadió que, actualmente, 209 de los reos no han sido condenados por ningún delito, mientras 35 han recibido ya una sentencia.
“Desde 2014 se han registrado 15.750 detenciones políticas en Venezuela”, explicó Foro Penal.
El martes, la ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia solicitó la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para constatar el estado de salud del militar Igbert José Marín Chaparro, teniente coronel del Ejército considerado preso político, quien inició el 21 de diciembre una huelga de hambre.
Marín Chaparro informó de su protesta a través de una carta difundida por la ONG Justicia Venezolana, en la que denunció que sufre “tratos crueles, inhumanos y degradantes” en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde se encuentra detenido desde marzo de 2018.
Igualmente, pidió que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el CICR, el encargado de negocios de la Unión Europea (UE) y el nuncio apostólico de la Santa Sede visiten “la casa de los sueños”, nombre con el que se refieren a una celda de castigo.
En la misiva, el militar solicitó la liberación de “todos los presos políticos” con “verdaderos indultos que se respeten” y que se incluya una comitiva integrada por ellos en los diálogos entre el régimen y la oposición que actualmente está suspendido y cuyo reinicio también reclama.
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