La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador inicia este martes el segundo debate de un crucial proyecto de ley sobre el aborto por violación, y lo hará con base en un borrador que reduce el plazo original previsto para poder acometerlo de 28 semanas a 20 semanas de gestación para mayores de edad, y a 22 semanas para las menores de 18 años.
El pleno tiene previsto instalar la sesión, de forma virtual, a las 9.30 hora local (14.30 GMT) con la lectura del llamado «informe de mayoría», redactado y aprobado la semana pasada por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, indicó a Efe una fuente del Parlamento.
Y agregó que, si hay observaciones al informe durante el debate de mañana, la Comisión de Justicia redactará los eventuales cambios y el documento se someterá a votación.
Pero en caso de que no se apruebe, deberá celebrarse una nueva sesión sobre el informe de minoría, lo cual podría prolongar el proceso.
El borrador de la llamada «Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación» fue preparado la semana pasada por la Comisión de Justicia, que lo aprobó con siete votos a favor, una abstención y dos en contra.
La Ley sigue a un histórico fallo del Constitucional en abril pasado que dio luz verde a la despenalización del aborto para esa nueva causal, exigida durante años por las organizaciones de mujeres.
En Ecuador, el aborto sólo estaba permitido únicamente en casos en que la vida de la mujer corra peligro o por violación de discapacitadas.
DOS INFORMES
Sobre los plazos para el aborto, el informe que se someterá a consideración del pleno propone que, en casos de menores de 18 años la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar hasta las 22 semanas de gestación, mientras que las mayores de edad tendrán hasta las 20 semanas.
En el caso de discapacidad mental, se mantienen los plazos dispuestos en la guía de «Atención del Aborto Terapéutico», expedido por el Ministerio de Salud Pública, señala el documento al que Efe ha tenido acceso.
El nuevo proyecto especifica además que «bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna a la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir su embarazo producto de violación».
En el artículo relativo al personal de salud subraya la prohibición de obstaculizar el acceso de las gestantes a su derecho al aborto, ni imponer requisitos más allá de los establecidos en el proyecto de ley.
En caso de objeción de conciencia, el médico deberá transferir el caso a otro compañero, si bien quedarán prohibidos los pactos individuales o conjuntos para eludir la responsabilidad de cumplir la ley y facilitar la interrupción del embarazo en caso de violación.
A diferencia del de la mayoría, el informe de minoría, mucho más conservador, plantea un plazo máximo de seis semanas para acceder al procedimiento, y prescribe la obligatoriedad de una denuncia de violación ante las autoridades a la vez que concede plena libertad de conciencia a los galenos.
Grupos a favor del aborto manifestaron su apoyo al informe de mayoría alegando que el de minoría «pretende, en la práctica, derogar al aborto terapéutico», según Virginia Gómez de la Torre, de la Fundación Desafío.
MÁS DE 2.000 MENORES EMBARAZADAS
Delegaciones de todo el país han sido convocadas mañana en el Parlamento para seguir la sesión, pese a que esta se desarrollará de forma virtual por la covid-19.
La activista Sinchi Gómez exhortó este lunes a los legisladores a que «no le vuelvan a dar la espalda a las mujeres, como en otras épocas ya se ha hecho».
En una rueda de prensa, portavoces de estos grupos recordaron que «solo en 2019» parieron «más de 51.000 adolescentes», y entre ellas, «cerca de 2.000 (eran) menores de 14 años», casos estos últimos considerados, según la ley, violaciones.
Portavoces de estos grupos aseguraron que «muchos de estos embarazos son producto de violencia sexual o de relaciones desiguales donde las jóvenes y adolescentes no pueden decidir».
También reclamaron una educación sexual «de calidad», porque «si el Estado no garantiza ese derecho, tampoco puede criminalizar por abortar, ni obligar a una maternidad» no deseada ni elegida libremente.
De su lado, los movimientos opuestos al aborto insisten en que la vida comienza en el momento de la fecundación e instaron a los legisladores a rechazar el proyecto de ley y cualquier otro que atente contra los principios constitucionales del país. EFE
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