El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) llevó a cabo el foro “Falacia detrás de la reforma del Código Orgánico Penitenciario”, el cual tuvo como ponentes a tres referentes en el tema carcelario y derechos humanos de los privados de libertad.
La actividad inició con la participación de Carolina Girón, directora del Observatorio de Prisiones, continuando con las ponencias de Humberto Prado, director del Observatorio LAC de Prisiones; Fernando Fernández, profesor en derecho penal, y Argenis Riera, magíster en derecho penal.
El foro tuvo como fin aclarar dudas acerca de las reformas que ha sufrido el Código Orgánico Penitenciario (COPE), que ha traído consecuencias de degradación y retrocesos en los derechos humanos del que está tras las rejas en Venezuela.
Carolina Giron hizo énfasis en el hecho de que la reforma “fue un maquillaje”, tomando como base el trabajo del OVP donde se muestra en cada uno de sus informes que la población penitenciaria sigue padeciendo, y en que las muertes por desnutrición no han dejado de aumentar. Recalcó además que no se tienen protocolos para enfermedades típicas del hacinamiento, “siendo el Estado el que tiene el monopolio del tratamiento de la enfermedad (tuberculosis)”,
“No hay nadie que lleve estas estadísticas ni existe personal de salud, son los reclusos los que se ocupan de ellos mismos. Si no tenemos lo esencial el agua y la comida, que podemos esperar de otros servicios”, finalizó.
Por su parte, el abogado Argenis Riera se enfocó en el impacto que tuvo la reforma del COPE, que según su criterio, la manera en la que se ejecutó, anunciando cosas para el futuro y no para el presente, hace que su aplicación pueda ser utópica, planteando como solución y darle sentido al código, tener como base las Reglas Mandela.
Asimismo, determinó que para un país que quiere reconstruir el sistema criminal, se debe plantear el problema en tres órdenes, uno como estructura jurídica, otro como estructura democrática, y por último como social, pero considera que en Venezuela el problema radica en que todos estos dispositivos “adolecen de fuerza normativa de la Constitución”, por ende todo lo expuesto en el artículo 272 del COPE será letra muerta
Para Humberto Prado es importante la descentralización del sistema penitenciario, como lo establecen las leyes. “Imaginen un momento en el que pudiéramos tener un instituto autónomo, como dice el artículo 272, y que fuera nada más para el fortalecimiento de las políticas carcelarias, sería perfecto, pero desde 1930 hasta hoy lo que tenemos es un régimen que degrada y mata a los presos”.
Para ejemplificar, Prado hizo referencia a la situación de alimentación de los presos, donde es el familiar el que tiene que llevarle comida al preso. “¿Dónde dice eso en el código?”, cuestionó
En otro orden de ideas, el doctor Fernando Fernández denominó a los cambios del código como “la reforma fachada”.
“Las reformas del código orgánico son una fachada, con una narrativa acorde con los derechos humanos, pero en total regresión en la práctica, son poesía al leerlo, pero, por otra parte, se mantienen los crímenes”. Fernández parte de la base de que a la hora de la ejecución del código se crean otras leyes que tiran por tierra su factibilidad de cumplimiento, aseveró que simplemente no las aplican.
“Las leyes se hacen para ser cumplidas, no para no ser ejecutadas”, puntualizó.
Como información importante planteada en el foro, vale la pena recalcar que tuvo que pasar un poco más de dos años para que el COPE fuera publicado en la gaceta, siendo el 28 de diciembre del 2015 el día de su promulgación y en el 2017 la fecha de su publicación. Antes de esa fecha, no hubo anuncios oficiales haciendo referencia a ello, no se conoció razón para justificar la inacción del poder ejecutivo frente al mandato constitucional.
“El Ejecutivo está violentando el artículo 214, debió promulgarse a diez días de su aprobación, pero no se dirige a la Asamblea Nacional, no se pidió su nulidad a la Sala Constitucional, solo no considero necesario su aplicación”, fue uno de los comentarios destacados entre los panelistas.
Hasta la fecha la aplicación de esta reforma “sigue siendo un juego para el Estado” que no termina de hacer frente al problema carcelario de la nación, donde no se generan mecanismos que permitan hacer valer las leyes y herramientas perfectamente creadas para ser referentes en este tema en la región. Mientras eso no pase, tanto presos como familiares, seguirán siendo víctimas de un Estado negligente ante los problemas que está en sus manos resolver.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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