El ex diputado cubano americano David Rivera, quien es demandado por incumplir con un millonario contrato de cabildeo que firmó con la petrolera venezolana PDVSA, se niega a entregar las comunicaciones que sostuvo con Raúl Gorrín con el argumento de que el controversial empresario venezolano era consejero legal de la operación, muestran documentos de la corte.
Por Antonio María Delgado y Jay Weaver / El Nuevo Herald
En el centro de la queja se encuentran al menos 19 mensajes de textos y WhatsApp entre Gorrín y Rivera que el ex representante federal no ha querido entregar, alegando que el intercambio que sostuvieron disfruta del privilegio de confidencialidad que existe en Estados Unidos entre clientes y abogados, señala una carta enviada por los abogados de PDV USA, filial estadounidense de PDVSA, que puso la demanda en una corte de Nueva York.
Gorrín es un prófugo de la justicia estadounidense bajo cargos de que participó en un esquema de lavado de dinero que involucró varios miles de millones de dólares.
El magnate dueño del canal venezolano, Globovisión, recibió una cuarta parte del pago de al menos $15 millones que obtuvo Rivera como primer tramo por el contrato con PDVSA por $50 millones, aun cuando el ex legislador no entregó facturas que justifiquen esos pagos.
Gorrín es un abogado en Venezuela, pero no tiene licencia para desempeñarse como consejero legal en Estados Unidos.
Interamerican solo se ha limitado a describir el intercambio por texto como ‘comunicación entre abogado/cliente’ y hasta la fecha, la única justificación que ha brindado para alegar que disfruta del privilegio de confidencialidad es señalar que Gorrín fue contratado como abogado de Interamerican, dijo la carta firmada por Jeffrey Korn, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de PDV USA.
La compañía de cabildeo de Rivera ha dicho que la relación con Gorrín quedó plasmada en una carta de compromiso firmada entre las partes, pero “desde entonces y a pesar de solicitudes reiteradas, Interamerican aún no ha presentado la supuesta carta de compromiso”, dijo Korn en la misiva.
“Los abogados [de Rivera] ahora afirman que no está en posesión de su cliente y que no han podido encontrarla. Interamerican tampoco ha proporcionado facturas legales ni ninguna prueba para corroborar su reclamo de privilegio, Interamerican no ha cumplido con su obligación de establecer que el privilegio [de confidencialidad] es aplicable a las comunicaciones con el Sr. Gorrín”, agregó.
El pago otorgado por Interamerican a Gorrín asciende a $3.75 millones, señalan los demandantes.
Según ese arreglo, Interglobal Yacht debía recibir el 25% de los pagos obtenidos por Interamerican de PDVSA, que en el caso del primer desembolso de $15 millones representaban los $3.75 millones, añadieron.
El contrato, sin embargo, no llegó a ser firmado, luego que el presidente de Interglobal Yacht le dijera a Rivera que él no tenía nada que ver con la operación contemplada en el documento y que la empresa no estaba en el negocio de brindar servicios de consultoría estratégico, señalan los abogados demandantes.
Rivera, quien se encuentra bajo investigación federal desde 2017, alega que el dinero que obtuvo se usó totalmente para financiar a la oposición venezolana y en particular para beneficiar al líder opositor Leopoldo López, quien para la época estaba encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, cerca de Caracas.
López y el jefe de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ambos miembros del partido Voluntad Popular, han desmentido enérgicamente la versión de Rivera, diciendo que las declaraciones del ex representante federal son absurdas.
Pero fuentes cercanas a la situación dijeron al Miami Herald que Rivera estaba diciendo la verdad, al menos parcialmente, asegurando que la operación benefició a López y que el dirigente fue liberado de Ramo Verde a mediados de 2017, precisamente porque se había comprometido con el régimen a participar en los esfuerzos para convencer a la administración de Donald Trump sobre la necesidad de negociar una transición directamente con Maduro.
“La idea era ablandar al senador Marco Rubio — un cercano amigo de Rivera — para que dejara de presionar a favor de la aplicación de más sanciones, porque él era el funcionario que más solicitaba que las aplicaran”, dijo una de las fuentes, que habló a condición de no ser identificada.
Pero también se buscaba llegar hasta la Casa Blanca, e idealmente gestar un encuentro con el presidente Donald Trump para propiciar un cambio en la política hacia Venezuela, agregó.
Gorrín llegó a tener un encuentro con el vicepresidente Mike Pence, quien para entonces también se pronunciaba con frecuencia sobre la destrucción de la democracia en Venezuela emprendida por el régimen de Nicolás Maduro.
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