De acuerdo a un trabajo difundido por la ONG Transparencia Venezuela, en 1999 el sector eléctrico nacional «gozaba de buena salud» y, «la capacidad instalada era de 14 mil megavatios, más de lo que Venezuela demandaba».
Luego en 2007, el gobierno de Hugo Chávez decretó la estatización total del sector eléctrico, dando paso a un proceso que terminó con el control total de la industria en 2010. En consecuencia, Corpoelec se convirtió en el único operador del sector.
«Desde 2010 la generación hidroeléctrica se redujo por la sequía, la respuestas de las plantas termoeléctricas fue insuficiente. Chávez declaró el Estado de Emergencia» y así inicio el «Plan de racionamiento eléctrico».
«El Estado de Emergencia le permitió a Corpoelec, Pdvsa y al Ministerio de Energía Eléctrica adquirir equipamiento sin licitaciones, esto terminó en grandes casos de corrupción que han quedado impunes ante la justicia venezolana», destacó la ONG en una investigación.
Más de 40 proyectos habrían sido adjudicados hasta 2014, para aumentar la generación hidroeléctrica y termoeléctrica. Sin embargo, «en todos se detectó sobreprecio y el uso de tecnología obsoleta o no compatible con el sistema venezolano».
«Las plantas termoeléctricas compradas a Derwick resaltan en la historia de corrupción en este sector: se adquirieron equipos que no eran necesarios y nunca fueron instalados», indica la información difundida por Transparencia Venezuela.
Igualmente, recuerda que, la central hidroeléctrica de Tocoma debió estar lista en 2014, pero hasta 2018 tenía un avance de 87% y estaba paralizada.
Documentos obtenidos por la ONG, develan que Venezuela se comprometió a pagar a Odebrecht la cantidad de US$ 2.471.000.000 por las obras civiles inconclusas de Tocoma.
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