Las autoridades de El Salvador superaron las 26.200 detenciones de supuestos pandilleros bajo el régimen de excepción aprobado por el Congreso a finales de marzo, según informó este domingo la Policía Nacional Civil (PNC).
EFE
«Con los 501 terroristas (pandilleros) capturados el sábado 7 de mayo, hemos superado los 26.000 arrestos desde que inició la #GuerraContraPandillas», publicó a institución en sus redes sociales.
Con las detenciones del sábado, según la PNC, la cifra total llegó a 26.291, mientras el cuerpo de seguridad ha indicado que las detenciones siguieron hoy.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó en Twitter sobre la detención de Boris Cienfuegos, supuesto pandillero de la Mara Salvatrucha (MS13) y «narcotraficante internacional».
«Cienfuegos tenía el control de la droga, vehículos y propiedades de la clica (célula) Hollywood Locos Salvatruchos, además era el encargado de los contactos y negocios de droga, por lo que viajaba constantemente hacia los Estados Unidos», aseguró Villatoro.
El Gobierno de Nayib Bukele solicitó al Congreso el régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de 87 personas.
El órgano Legislativo, de mayoría oficialista, dio el visto bueno y a finales de abril aprobó una extensión por 30 días de las suspensión de garantías constitucionales.
Estos poderes especiales dados al Ejecutivo de Bukele suspenden los derechos a organización, reunión, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, defensa y extiende la detención administrativa hasta un máximo de 15 días.
En este marco, cinco organizaciones humanitarias han recibido al menos 338 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el primer mes bajo el régimen de excepción.
Las organizaciones indicaron la semana pasada en un comunicado de prensa que «en su mayoría son casos de detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional Civil».
«La vulneración que más han denunciado es la detención arbitraria, representando en algunas organizaciones incluso más del 70 % de casos recibidos, seguidos de allanamiento de vivienda, lesiones, robo e incluso la muerte de una persona detenida, como reporta Cristosal», apuntaron.
Agregaron que «entre los victimarios reportados se encuentran también miembros de las Fuerzas Armadas, a pesar de que estos no tienen la facultad constitucional de hacer tareas de seguridad pública».
Las organizaciones que recibieron estas denuncias son Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Servicio Social Pacionista (SPASS), Azul Originario (AZO) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
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