Este viernes 13 de mayo la jueza Lucy del Carmen Terán dictó libertad plena a los jóvenes Walter Mayorga y Marller González, presos desde 2016 por el asesinato de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cometido en Mérida durante las protestas sociales de 2014.
Esta sentencia se dicta luego de cinco diferimientos injustificados de la audiencia de conclusiones y más de cinco años de retraso para iniciarse el juicio.
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Antes de que el Tribunal de Juicio dictara la sentencia, la Fiscal Cuarta del Ministerio Público Lupe del Carmen Fernández Rodríguez, pidió en sus conclusiones la condena para estos jóvenes, pese a no haber presentado durante todo el juicio ninguna prueba incriminatoria. Fernández es la misma fiscal que el 15 de diciembre de 2020 ejerció un efecto suspensivo a la sentencia absolutoria dictada a Erickvaldo Márquez Moreno, joven que estuvo preso durante casi cuatro años acusado de un asesinato cometido en las protestas sociales de 2017. A pesar de ser inocente, Márquez pudo salir en libertad más de seis meses después.
A Mayorga y González se les imputó el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 2, del Código Penal Venezolano, en concordancia con el artículo 77, numerales 13 y 83. La imputación de este delito fue por el asesinato de Miguel Antonio Parra, un sargento de la GNB que recibió un disparo el 24 de marzo de 2014 en la avenida Las Américas de Mérida, a la altura del sector El Campito, mientras retiraba escombros de las barricadas levantadas por manifestantes.
Detenciones arbitrarias
A estos jóvenes los detuvieron arbitrariamente, sin ninguna prueba que los inculpara, dos años después de cometido el asesinato de Parra. Walter Mayorga fue detenido el 21 de enero de 2016, cuando se trasladaba en un autobús para presentarse a prestar servicio militar en un cuartel. Su esposa, Jennifer Vielma, asegura que él jamás participó en las manifestaciones sociales de 2014. Trabajaba como agricultor en el municipio Campo Elías y había decidido alistarse en las Fuerzas Armadas Nacionales por la crisis económica. Tiene un hijo de 5 años a quien solo ha visto por fotos y videollamadas desde la cárcel.
Marller González, por su parte, trabajaba como mototaxista para esa época y tampoco participó en las protestas sociales. El día del asesinato se encontraba cerca del lugar donde murió el sargento Parra porque iba a buscar a un hermano. Mientras lo esperaba, un disparo también lo alcanzó a él y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Los Andes. Más de dos años después de este hecho, el 5 de julio de 2016, fue detenido arbitrariamente por la policía.
Patrones de injusticia en “casos guarimba”
González y Mayorga se conocieron en prisión, pese a que la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público los acusaba de haber asesinado juntos al sargento Parra, al dispararle presuntamente desde un apartamento ubicado en un edificio de El Campito. Además de perder seis años de su vida en injusta prisión, ambos fueron víctimas de reiteradas violaciones a sus derechos humanos, incluido el derecho a la salud, comprometiendo su calidad de vida por severas infecciones contraídas dentro de la cárcel que no fueron atendidas por ningún médico.
Este caso y los de Erickvaldo Márquez, Steven García y Daniel Parra, todos detenidos por asesinatos cometidos en el contexto de las protestas sociales de 2014 y 2017, eran llamados por los propios funcionarios del Circuito Judicial Penal del estado Mérida como “casos guarimba”. En ninguno hubo pruebas de los delitos imputados por la Fiscalía. Todas las acusaciones se basaron en testigos anónimos cuyos testimonios no coincidían entre sí.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) celebra la libertad plena de estos jóvenes, quienes nunca debieron estar presos, a la vez que exige al Estado venezolano la debida reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellos y sus familiares.
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