Luego de que se difundiera la noticia de que el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, demandó a Marino Alvarado, coordinador Legal del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y al Padre Alfredo Infante, párroco de San Alberto Hurtado, en La Vega, diferentes defensores de derechos humanos se solidarizaron con ellos.
A través de Twitter, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington en Latinoamérica, (WOLA, por sus siglas en inglés), expresó que defender los derechos humanos no es delito.
«Exigir investigación de cadena de mando cuando se documentan violaciones de derechos humanos tampoco es delito. Lo que sí es inaceptable es intentar intimidar a quienes defienden a las víctimas», dijo Jiménez refiriéndose a la demanda de Lacava.
Por su parte, el defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz, escribió en Twitter que tras la presentación de un informe sobre letalidad policial, Rafael Lacava abrió un juicio por difamación contra dos defensores de derechos humanos: Marino Alvarado de provea y el padre Alfredo Infante del Centro Gumilla.
«Esto abre dos discusiones que son urgentes en Venezuela, entre tantas urgencias: 1. Responsabilidades en las cadenas de mando de las actuaciones policiales y militares. Eso lo investigan la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y también la Corte Penal Internacional», expresó.
«2. El hostigamiento continuado contra defensores de derechos humanos, personas cuyo trabajo es acompañar a las víctimas, documentar casos, denunciar y exigir justicia. Por supuesto que serán incómodos. El Estado, lejos de garantizar su trabajo, aumenta su riesgo», complementó Luis Carlos Díaz.
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