El Salvador lleva casi 60 días bajo un régimen de excepción que ha dejado más de 30.000 capturados. El drama de las mujeres a la espera de información queda en evidencia al visitar uno de los penales ubicados en la capital salvadoreña: cárcel La Esperanza, conocida como penal de Mariona.
Voz de América
Una mujer duerme sentada frente al penal de La Esperanza, en El Salvador, al mediodía. Parece que lleva días sin dormir. Frente a ella hay otras mujeres que duermen en el suelo, donde han improvisado pequeños refugios con bolsas de plástico y sábanas.
Durante el régimen de excepción en vigor en el país, el Estado les ha negado -aseguran- algo básico: información. Por ello, cada día amanecen frente a esa cárcel a la espera de que sus hijos sean liberados. Otras desconocen si sus familiares se hallan en el penal. Pero esperan por instinto.
Paula no quiso dar su nombre real ni el nombre de su hijo. Convencida, dice, de que si los custodios del penal la ven hablando con la prensa pueden golpear a su hijo. Señala unos cuartos azules que se observan desde la calle principal y explica que ya ha visto algunos reos asomarse por los vidrios que hacen de ventanas. Algunas veces, dice, les escuchan llorar.
“Alguien que ya ha tenido problemas con la justicia y ha estado preso eso ya no lo espanta. Pero mi hijo, que nunca ha estado en un lugar de estos, ¿a saber cómo me va a salir?”, expresó a la Voz de América.
El régimen de excepción en El Salvador dura ya casi 60 días, y en ese período la policía ha capturado a más de 30.000 personas después de que el último fin de semana de marzo el país centroamericano viviera la más violenta ola de homicidios vista en todo el siglo: 87 personas asesinadas en 72 horas.
Una investigación del periódico digital El Faro asegura que los crímenes se dieron a raíz de la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y la MS-13, o mara Salvatrucha. A fecha del 20 de mayo, el gobierno no ha hecho declaraciones sobre estas denuncias.
Quiénes sí hablaron sobre las capturas en El Salvador fueron Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal, que aseguran que hay evidencias de graves abusos durante el régimen de excepción.
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