La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez denunció como una «injerencia política» el que el Gobierno de Luis Arce informara sobre el rechazo del recurso que su defensa presentó ante el Tribunal Constitucional antes de que se les haya notificado oficialmente sobre esa decisión judicial.
EFE
En un mensaje en sus redes sociales, administradas por sus familiares, la mandataria cuestionó que la resolución del Constitucional que rechazó un recurso planteado dentro del juicio que se le sigue por la crisis de 2019 fuera «ventilada a la prensa» por el ministro de Justicia, Iván Lima, «antes de que cualquiera de las partes sea notificada».
«Esa es la injerencia política y la corrupción que comprueba el informe de @UNIndepJudges sobre la Justicia boliviana», agrega el mensaje.
Áñez aludió de esta forma al documento del relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, el peruano Diego García-Sayán, sobre la situación de la Justicia en Bolivia, que fue difundido en estos días por el Gobierno de Arce.
El reporte recuerda que cuando García-Sayán visitó el país en febrero pasado, «pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso» de Áñez, quien precisamente cumplía entonces una huelga de hambre ante el inicio de uno de los juicios que el oficialismo promueve en su contra.
«Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia, como la generalización de la detención preventiva», indica el informe de García-Sayán, que también enfatizó que «todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana».
En la víspera, el ministro Lima informó a los medios sobre la decisión del Constitucional boliviano de rechazar el recurso que había planteado la defensa de Áñez dentro del caso «golpe de Estado II» por el que se le acusa de los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
Lima afirmó que con esta decisión, el Constitucional «ha eliminado el último obstáculo legal que existía para que continúe el juicio, se pronuncien los alegatos y se dicte la sentencia correspondiente».
Áñez está en prisión preventiva en La Paz desde marzo de 2021 acusada de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo fue un «golpe de Estado».
El juicio en curso es por otro proceso, el llamado «golpe de Estado II», referido a sus acciones cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el oficialismo, tras las renuncias de Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.
El proceso estaba paralizado mientras el Constitucional se pronunciaba sobre el recurso planteado por la exmandataria interina.
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