En un documento publicado hoy, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) llama la atención sobre los numerosos obstáculos y restricciones a los que se enfrentan las abogadas y los abogados en Venezuela al ejercer su profesión.
Las abogadas y los abogados que actúan de forma independiente son frecuentemente sometidos a acosos, intimidaciones, e incluso, a sanciones penales. Las abogadas y los abogados que actúan en casos de alto perfil, particularmente en casos con contenido político o que involucran violaciones a los derechos humanos, están especialmente en riesgo.
Como demuestra el documento, el entorno institucional no garantiza adecuadamente la independencia del sistema judicial, ni la protección de los derechos humanos.
El documento también subraya que, en un contexto de creciente autoritarismo, la situación de la profesión jurídica se ha deteriorado en la última década. Ciertas autoridades públicas, incluyendo fiscales, jueces, oficiales de policía y agentes de inteligencia, han actuado para suprimir o no han implementado las garantías necesarias para facilitar el ejercicio robusto de la profesión legal, lo que es indispensable para estos profesionales desempeñen su papel en la recta administración de justicia. En otras ocasiones, las abogados y los abogados han sido objeto de diversas formas de presión, acoso, intimidación o persecución por parte de particulares que actúan con el apoyo, la tolerancia o la aquiescencia de las autoridades estatales.
“El ejercicio independiente y libre de la profesión legal es esencial para la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos a un juicio justo, al debido proceso y el acceso a recursos efectivos. Cuando las autoridades no protegen la profesión legal, las autoridades también están incumpliendo sus obligaciones jurídicas internacionales de garantizar los derechos de todas las personas”, subrayó Seiderman.
Los colegios de abogados también han sido objeto de injerencias injustificadas y, por tanto, no han podido desempeñar su función esencial en defensa de la independencia profesional de sus miembros.
La CIJ recomienda a las autoridades venezolanas:
– Cesar y desistir de todas las acciones dirigidas a limitar el ejercicio libre, independiente y seguro de la profesión jurídica, incluyendo la criminalización indebida de abogados y abogadas.
– Llevar a cabo investigaciones efectivas, imparciales e independientes de las amenazas, ataques y acosos cometidos contra abogados y abogadas.
– Garantizar en la práctica la posibilidad que los abogados y las abogadas puedan reunirse durante un tiempo adecuado y de forma confidencial con sus clientes privados de libertad.
– Garantizar el funcionamiento autónomo e independiente de los colegios de abogados, tanto en la legislación como en la práctica.
Lea la nota completa en ICJ
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