El dirigente político de Primero Justicia, Julio Borges, pidió a las autoridades judiciales de Argentina que continúen la investigación sobre el avión venezolano con tripulación iraní, que fue retenido en el país suramericano, con el fin de establecer eventuales vínculos con el terrorismo.
“La Justicia debe seguir investigando todo este entramado que, sin duda, vincula a (Nicolás) Maduro y a sus aliados con el crimen organizado y el terrorismo”, aseguró Borges en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Borges realizó su petición tras la solicitud que la fiscal Cecilia Incardona hizo al juez federal argentino Federico Villena, señalando que en la investigación realizada hasta ahora surgieron “varios rastros” que “imponen la necesidad” de proseguir la pesquisa sobre el piloto Gholamreza Ghasemi, su tripulación, la aeronave y la carga.
El avión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, y dos días después despegó hacia Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
El juez Villena retiró los pasaportes a la tripulación —cinco iraníes y catorce venezolanos— e incautó el avión.
La fiscal argentina pidió indagar si el verdadero objetivo del aterrizaje de la aeronave a Argentina fue exclusivamente para transportar partes y piezas para automóviles o si estuvo eventualmente orientado a un “acto de preparación para proveer bienes o dinero” que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo.
Incardona instó también a acreditar de modo fehaciente la titularidad de la aeronave y corroborar si Mahan Air tiene aún algún tipo de vinculación con el avión, así como hacer mayores averiguaciones sobre el contenido de la carga.
A juicio de Borges, lo planteado por la fiscal “indica que el Gobierno de Alberto Fernández mintió y banalizó un hecho muy grave que pone en riesgo la seguridad de Argentina”.
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