Siete días después de que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera eliminar el derecho constitucional al aborto, una serie de procesos judiciales bloquean de momento la entrada en vigor de prohibiciones totales o parciales en varios estados del país.
EFE
Utah, Luisiana, Texas y Florida son los ejemplos más claros del caos judicial que ha provocado el fallo del Supremo: los cuatro habían aprobado «leyes resorte», diseñadas para entrar en vigor en el momento en que la corte revocara la famosa sentencia de «Roe contra Wade», el precedente legal que durante 50 años protegió el acceso a la interrupción médica del embarazo.
Sin embargo, una serie de recursos impulsados por algunas de las principales organizaciones proaborto del país, como Planned Parenthood y el Centro por los Derechos Reproductivos (CRR), han conseguido retrasar la aplicación de estas leyes -en Texas lo que se ha bloqueado es una ley «pre-Roe», y aún se espera que la prohibición resorte entre en vigor a finales de julio.
«Cada día de más es una victoria y vale la pena pelear por cada paciente», dijo este viernes la presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, durante una rueda de prensa telemática.
La dirigente de la mayor red de clínicas abortivas del país avisó además que los estados en los que se espera que continúe siendo legal el aborto sin restricciones no podrán hacer frente a la demanda que se generará a medida que más territorios introduzcan vetos totales o parciales.
Por ahora, el aborto está completamente prohibido en seis estados de EE.UU., aunque se espera que este número aumente en las próximas semanas.
DE LOS JUZGADOS A LA CAMPAÑA
El caos judicial probablemente continuará durante la campaña para las elecciones legislativas de noviembre, que tanto demócratas como republicanos comienzan ya a plantear como un plebiscito a la cuestión del aborto, con acusaciones mutuas de extremismo.
El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo abiertamente este viernes que cuenta con que los republicanos tratarán de imponer «una prohibición nacional» del derecho a la interrupción médica del embarazo.
«Esto va a acabar de una manera o de otra después de noviembre», advirtió Biden durante una llamada con nueve gobernadores demócratas para discutir sus esfuerzos por proteger el acceso al aborto en sus territorios tras la sentencia del Supremo.
El mandatario volvió a pedir este viernes al Congreso, donde los demócratas mantienen de momento el control de ambas cámaras, una normativa nacional que proteja legalmente la sentencia de «Roe».
BLOQUEADOS POR EL FILIBUSTERISMO
Aun así, cualquier intento por convertir en ley el acceso al aborto debe enfrentarse en la práctica a la norma del filibusterismo en el Senado, según la cual una minoría de senadores puede impedir la votación de casi cualquier propuesta que no cuente con una mayoría cualificada de 60 votos.
Actualmente, la Cámara Alta se encuentra dividida por la mitad, con 50 senadores demócratas y 50 republicanos, aunque los progresistas cuentan en principio con el voto de desempate de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.
Biden reiteró el viernes su apoyo a eliminar la regla del filibusterismo para convertir en ley el derecho al aborto, algo que ya intentaron los demócratas (sin éxito) para aprobar una reforma de las leyes de voto a comienzos de este año.
Haría falta contar con todos los votos del Partido Demócrata en el Senado para aprobar una excepción a la regla del filibusterismo, algo que no parece posible por la oposición de los senadores díscolos Joe Manchin y Kyrsten Sinema.
Mientras tanto, cada vez más progresistas advierten contra la posibilidad de que los legisladores conservadores de estados con restricciones al aborto traten de prohibir a las mujeres viajar a otros territorios para acceder a este servicio médico.
«VA A OCURRIR»
Aunque ningún estado ha tratado todavía de aprobar este tipo de medidas, el propio Biden aseguró el viernes que «va a ocurrir».
«Creo que va a ser un duro golpe para la gente cuando se produzca el primer intento de un estado de arrestar a una mujer por cruzar la frontera para acceder a un aborto», dijo.
La llamada con los gobernadores de este viernes fue el primer acto público de Biden desde que aterrizó ayer por la tarde en Estados Unidos tras su gira europea para participar en las cumbres del G7 y la OTAN.
Algunas organizaciones y representantes demócratas han pedido al presidente que se involucre más en la cuestión del acceso al aborto, aprobando por ejemplo una declaración de emergencia sanitaria que permita el envío de medicación abortiva entre estados o el uso de terrenos federales, como las reservas de nativos americanos, para ofrecer interrupciones médicas del embarazo.
La Casa Blanca se opone de momento a estas medidas, que, argumentan, podrían suponer un riesgo legal para las clínicas abortivas y sus pacientes.
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