La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó en su más reciente informe sobre la situación del país presentado ante el Consejo de Derechos Humanos su preocupación por la lentitud con la que las autoridades nacionales llevan adelante las investigaciones y por la manera como las enfocan.
En el reporte, la funcionaria reveló que de las 591 averiguaciones que el Ministerio Público (MP) le anunció que tenía abiertas por asesinatos, lesiones, torturas y detenciones arbitrarias ocurridas entre 2017 y 2019, apenas 26 han terminado con condenas (21 condenatorias y 5 absolutorias), es decir, solo el 4,3%. Asimismo, atribuyó estas «largas demoras» a los «cambios de fiscales y a los repetidos aplazamientos de las audiencias».
Bachelet destacó las investigaciones relacionadas con las muertes de los estudiantes Juan Pablo Pernalete y Diego Arellano, ocurridas durante la represión a la ola de manifestaciones antigubernamentales que sacudieron al país en 2017, sobre las cuales dijo «los fiscales fueron cambiados al menos 15 veces, causando retrasos adicionales, trauma y revictimización».
En mayo de 2021 el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, reconoció que a Pernalete lo asesinaron los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) enviados a dispersar la protesta en Altamira en la que participaba el estudiante, tal y como aseguró en su momento la entonces titular del MP, Luisa Ortega Díaz. Esta declaración se dio tras pasar casi cuatro años sosteniendo que dicha tesis no tenía sustento y que se basaba en pruebas manipuladas.
En su informe, la saliente alta comisionada dijo tener constancia de que once casos continúan en fase de investigación, aunque se iniciaron hace un lustro, esto es, mucho más de lo previsto en la ley. Por ello, la funcionaria hizo un llamamiento a las autoridades para la «pronta conclusión de los procedimientos judiciales en esos casos, con todas las garantías del debido proceso, para asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias».
Los investigados también preocupan
Bachelet no solo expresó su preocupación por la lentitud con la que las autoridades venezolanas conducen las averiguaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, sino también a quiénes están investigando.
«Sigue preocupando si las investigaciones se centraron en todos los posibles autores, incluidos los que están en la cadena de responsabilidades», se lee en el informe, en el cual, aunque se saludan las condenas contra los funcionarios públicos responsables por las muertes del concejal Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo, se considera que estas decisiones no deberían implicar necesariamente el fin de las averiguaciones.
«Quiero alentar a que se haga más», declaró Bachelet el 29 de junio, al presentar oralmente su resumen del informe ante el Consejo.
Hasta el momento las autoridades judiciales se han limitado a perseguir y condenar, en unos pocos casos, a los autores materiales de violaciones a los derechos humanos, pero no se ha anunciado averiguación alguna contra sus superiores jerárquicos, pese a lo extendido en el tiempo y en la geografía de algunos abusos. Esta situación hace que algunos expertos, activistas y familiares de víctimas consideren que solo se busca evitar una eventual intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
En su informe, la exmandataria chilena saludó la creación de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación para las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. No obstante, pidió dotar a la misma de los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios, para permitirle cumplir su labor de manera efectiva.
Sigue la persecución
Como en casi todos sus reportes anteriores, Bachelet hizo malabares para intentar no solo señalar irregularidades, sino también resaltar aspectos positivos. Así que, aunque tomó nota de los diálogos que el Gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido con sectores de la oposición política y de la sociedad civil en lo que va del año, también expresó su preocupación ante «nuevas restricciones indebidas al espacio cívico y democrático».
Al respecto, denunció lo siguiente:
«Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó 154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil, incluidas cinco mujeres, en las redes sociales o en emisiones públicas por funcionarios del Estado».
Bachelet pidió a las autoridades que examinen rápidamente las solicitudes que la defensa del director de FundaRedes, Javier Tarazona, ha formulado para que sea trasladado a un centro de salud. El activista se encuentra detenido desde julio de 2021 por informar sobre los abusos y excesos cometidos por efectivos militares en el marco de la operación contra la disidencia de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure.
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