El coordinador nacional de Pueblos Indígenas para el Foro Penal, Olnar Ortiz, explicó este miércoles que sostuvo una reunión en el Ministerio Público, para consignar denuncias sobre amenazas hechas a la madre de Borges Sifontes, testigo del caso Parima B, donde fallecieron cuatro indígenas y que, hasta la fecha, no hay ninguna persona privada de libertad.
A través de un video en Twitter, Ortiz indicó que el encuentro se dio con el fiscal 91 de competencia nacional, Ángel Rodríguez, y durante el acercamiento, dijo que trataron temas como la muerte de los indígenas yanomamis el pasado 20 de marzo y otros como el de Kumaracapay, en 2019, y el más reciente, el asesinato de Virgilio Trujillo en Amazonas.
Las amenazas a las que se refiere Olnar Ortiz es por el caso del 20 de marzo, donde murieron cuatro indígenas yanomamis, entre ellos, una mujer, y otros cinco heridos, luego de un enfrentamiento con efectivos militares en el municipio Alto Orinoco. Esto ocurrió luego de que los funcionarios les negaran la clave del Wifi a la comunidad indígena que deseaba tener acceso a Internet.
Tres días después, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, designó a dos fiscales para iniciar la investigación al respecto, aunque -según comenta el abogado Ortiz- a la fecha no hay personas detenidas.
El otro caso que menciona el representante del Foro Penal ocurrió en Kumaracapay, en 2019, donde ocho indígenas pertenecientes a las etnias Pemón, Warao y Jivi, fueron asesinados por agentes de la fuerza pública venezolana, en protestas realizadas en los estados Delta Amacuro, Apure y Bolívar.
Los presuntos responsables, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) Marina y Policía de Delta Amacuro, actuaron conforme al ya habitual patrón de uso excesivo de la fuerza para contener dichas manifestaciones, empleando armas de fuego y ocasionando estas lamentables muertes.
También hablaron, según, del asesinato de Virgilio Trujillo, el líder indígena y defensor del ambiente, que murió el 30 de junio de este año en el estado Amazonas.
Las ONG Provea, Odevida, Fundación Pares de Colombia, entre otras, condenaron este asesinato y se refirieron a Trujillo como «un luchador por mantener libre su territorio de la libre extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que operan en la zona».
Con información de Noticiero Digital
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