El régimen de Nicolás Maduro y la presidencia encargada de Juan Guaidó protagonizan esta semana un nuevo round -y posiblemente decisivo- en su prolongada batalla por la administración de centenares de millones de oro venezolano reservados en Inglaterra.
Por La Voz de América
La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó el año pasado que Guaidó debería ser reconocido como el jefe de estado del país latinoamericano, siguiendo la posición del gobierno británico, y que tenía la autoridad para determinar el futuro de 31 toneladas de lingotes.
El Tribunal Superior ahora se enfrentará a la novedosa pregunta, durante un juicio de cuatro días, sobre cómo tratar los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (STJ) de Venezuela que dicen que los nombramientos de Guaidó para una junta del banco central «ad hoc» son inválidos.
La Voz de América destaca las claves del caso a continuación:
El epicentro del caso
El Tribunal Comercial del Reino Unido inició este miércoles un juicio de cuatro días para determinar si deben reconocerse las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia afín al chavismo, que anuló en meses anteriores las designaciones de la junta administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela, secundadas por el líder opositor Juan Guaidó y la bancada legislativa de 2015 que le apoya.
El caso enfrenta a las dos directivas del Banco Central: una que responde a las opiniones e intereses de Nicolás Maduro, desconocido como presidente por el poder político inglés; y otra que hace lo propio con la oposición venezolana.
La jueza del caso escuchará testigos y expertos en derecho venezolano, así como los argumentos finales de ambas partes en disputa. Se prevé que el próximo lunes 18 sea el último día del juicio.
En específico, las partes se enfrentan por el control de 32 toneladas de oro de Venezuela, valoradas en más de 1.000 millones de dólares y que están custodiadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. El país suramericano tiene más reservas de ese mineral en la nación europea, no obstante.
La jurisprudencia del caso
La jurisprudencia más reciente del caso yace en las decisiones de la Corte Suprema del Reino Unido, que se apegó a la opinión de la cancillería británica de que el presidente legítimo de Venezuela es el líder opositor Juan Guaidó y, por ende, es el autorizado para administrar las reservas de oro en Inglaterra.
La Corte Suprema del Reino Unido falló el 20 de diciembre de 2021 a favor del reconocimiento de Guaidó en la diatriba sobre la administración de 1.950 millones de dólares en oro de su nación reservados en bancos en Inglaterra.
La sentencia de entonces fue unánime de los cinco jueces que conocieron el caso. “El señor Guaidó es reconocido por el Gobierno de Su Majestad como el presidente interino constitucional de Venezuela y el señor Maduro no es reconocido por el Gobierno de Su Majestad como presidente de Venezuela para ningún propósito”, opinó la Corte en el caso de apelación 2020/0195.
En julio del año pasado, el Asesor Jurídico de la Cancillería británica presentó sus argumentos a nombre del Secretario de Asuntos Exteriores en la audiencia del caso sobre los derechos de acceso al oro propiedad del Estado de Venezuela.
Según los magistrados, ese pronunciamiento fue “un reconocimiento claro e inequívoco del señor Guaidó como presidente de Venezuela”.
El primer día del juicio
Richard Lissack, representante legal del régimen de Maduro, aseguró en su alegato inicial del miércoles que el juicio no debe ser una evaluación del sistema judicial venezolano, sino “solo sobre cinco decisiones” vinculadas al caso.
El abogado del gobierno encargado de Guaidó, Andrew Fulton, argumentó que el TSJ de Venezuela sufre de una “sistemática falta de independencia”.
El abogado del chavismo llamó como primer testigo a Francisco Carrasquero, exmagistrado que fue vicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ.
El abogado de la oposición venezolana le interrogó sobre cuestiones como el arresto de la jueza María Afiuni tras una orden pública del expresidente Hugo Chávez y los señalamientos de que el poder judicial procuró “un clima de terror” en el país para la disidencia y miembros de la sociedad civil.
Carrasquero defendió sus “credenciales científicas, morales y éticas” ante la sugerencia del abogado de Guaidó de que fue nombrado magistrado como premio por haber dirigido un referendo revocatorio contra Chávez, que ganó, desde la presidencia del poder electoral, un cargo que ocupó en 2004.
¿Quiénes testificarán?
Se espera que el secretario de la cámara plenaria del TSJ venezolano, Enrique Parody Gallardo, declare en el juicio. El jurista de Guaidó consideró que era “fantasiosa” la idea de que testigos como Carrasquero y Parody Gallardo pudieran aportar versiones “sinceras” sobre la justicia del país suramericano.
Los abogados que representan a la oposición venezolana llamarán a testificar a Enrique Sánchez Falcón, procurador especial nombrado por Guaidó; Ricardo Villasmil, expresidente de la junta del BCV, y a su sucesor Manuel Rodríguez.
Uno de los puntos fuertes de los representantes legales de la oposición es el cúmulo de informes de organismos de las Naciones Unidas y ONG que reflejan “sanciones y hostigamiento” contra jueces y fiscales de Venezuela.
¿Cuándo habrá sentencia?
La jueza Sara Cockerill, del Tribunal Comercial de Inglaterra, escuchará los argumentos y testigos llamados por las partes enfrentadas por el juicio durante cuatro días. Este lunes podría fijar una fecha para anunciar su decisión.
Expertos en materia judicial apuntan que es improbable que revele su fallo inmediatamente debido a la complejidad del caso, si bien la jueza ha declarado públicamente que está consciente de la expectativa mundial sobre esa diatriba judicial y de que se espera una sentencia lo más pronto posible.
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