Es decir, cada 14 horas una persona u organización es acosada, hostigada o criminalizada por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Estas cifras evidencian la existencia de una crisis en derechos, agudizada por la persecución contra toda persona u organización considerada enemiga o disidente a la política del Estado venezolano. La aplicación de estos patrones tienen como finalidad la permanencia en el poder.
Cepaz destacó que los datos que se presentan en este informe «no son absolutos, sino demostrativos de la existencia de estos patrones. Por lo tanto, el número de casos y de víctimas puede superar lo recogido en el informe. Además, los monitoreos constituyen un subregistro de casos, pues existe una fuerte censura y represión que ocasiona que no se tenga acceso a toda la información o que la víctima tema denunciar. Adicionalmente, algunos actos atentan contra personas que no han podido ser identificadas».
Meses con más casos
Junio fue el mes con el mayor número de actos de persecución y criminalización documentados, con al menos 125 casos. Esto es debido principalmente a la arremetida contra 93 funcionarios y funcionarias de la Fuerza Armada Nacional, a quienes se les dictaron órdenes de aprehensión arbitrarias. El mes de junio también estuvo enmarcado en una fuerte agudización de la represión, control y censura contra la población, en donde se pudo documentar más de una decena de casos de hombres y mujeres que fueron detenidos y hostigados por manifestarse, expresarse u opinar.
Enero fue el segundo mes en donde documentamos el mayor número de actos de persecución y criminalización, con al menos 55 casos. «Recordemos que el 9 de enero se llevaron a cabo las elecciones para la gobernación de Barinas. En los contextos electorales aumenta la arremetida del gobierno de Nicolás Maduro a través de actos de represión y control para crear un escenario que permita su perpetuación en el poder. Estos ataques estuvieron especialmente dirigidos contra las personas vinculadas con la política, trabajadores de la prensa, periodistas, reporteros y medios de comunicación. Estos últimos son perseguidos por ejercer su rol legítimo de informar».
Sujetos víctimas de persecución
Los 300 actos de persecución y criminalización identificados durante el primer semestre de 2022, se produjeron contra 96 trabajadores de la comunicación (32% de la totalidad de víctimas), siendo la categoría de personas más perseguidas o criminalizadas durante el primer semestre del año 2022.
También contra 93 agentes de la Fuerza Armada Nacional (31% de los casos totales) y 69 personas vinculadas con la política (23% de la totalidad de los casos). Identificamos además 27 actos de persecución y criminalización que ocurrieron contra la población (9% del total de casos documentados). Y por último, 15 organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos fueron criminalizadas (5% de la totalidad de las víctimas).
En cuanto al género, los casos de persecución y criminalización se disgregaron de la siguiente forma: 37 actos contra víctimas mujeres y 176 actos contra víctimas hombres. En 87 de los casos documentados, las víctimas no pudieron disgregarse por género, porque afectaron a un colectivo de sujetos.
Patrones aplicados
Sobre los patrones de persecución y criminalización aplicados encontramos los siguientes:
- 5 cierres de emisoras de radio.
- 2 suspensiones de programas de radio.
- 24 impedimentos de registrar un hecho noticioso.
- 74 actos de hostigamientos, amenazas y criminalización.
- 11 actos de irregularidades en procesos judiciales.
- 2 casos de medios de comunicación afectados por la emergencia humanitaria compleja.
- 1 asesinato bajo negligencia del Estado.
- 29 bloqueos de páginas web.
- 13 presos políticos trasladados arbitrariamente.
- 22 detenciones arbitrarias.
- 23 aperturas de investigaciones.
- 93 órdenes de aprehensión.
- 1 discusión de una norma restrictiva.
La aplicación de estos patrones restringe arbitrariamente y vulnera el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Este entorno de persecución y criminalización que existe en Venezuela ha sido también documentado por los mecanismos internacionales que hoy hacen seguimiento de la situación en el país. Específicamente por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Misión Independiente de Determinación de los Hechos.
Mecanismos que apoyan la búsqueda de justicia
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó en su primera actualización oral del año 2022 sobre Venezuela, sobre las restricciones al espacio cívico y democrático. Incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, voces disidentes, medios de comunicación independientes y sindicalistas. En su segunda actualización nuevamente observó con preocupación las restricciones indebidas al espacio cívico y democrático y las violaciones al derecho de asociación. Destacó las violaciones a la libertad de expresión y los actos de estigmatización, criminalización y amenazas que afectan la capacidad para llevar a cabo efectivamente la legítima labor de defensa de las víctimas. Además, aseguró que no se han llevado a cabo las investigaciones y enjuiciamientos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos hizo lo propio. En su primera actualización de este año mostró su preocupación por el uso del sistema judicial venezolano como una herramienta de persecución contra los opositores al gobierno de Nicolás Maduro o las personas percibidas como tal. Además, aseguró que se necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia.
No son hechos aislados
El número y el análisis de los casos de persecución y criminalización ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro da cuenta de que no se trata de hechos aislados. Si no que existe una política de Estado de atacar, a través del ejercicio de patrones específicos, a determinadas personas o grupo de personas. Los monitoreos de persecución y criminalización, el trabajo de documentación e incidencia derivado de los esfuerzos en conjunto de la sociedad civil y la investigación y visibilización que han hecho los mecanismos de seguimiento vigentes del sistema universal de derechos humanos sobre la situación de Venezuela, dan certeza de la grave crisis de masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Por mencionar alguno de ellos, las garantías y protección judiciales, la libertad de pensamiento y expresión, derecho a la asociación, derecho a la integridad personal y los derechos políticos, incluyendo el derecho de participar en los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido.
Desde Cepaz se instituyó en la necesidad e importancia de mantener estos mecanismos de seguimiento vigentes en el sistema universal de derechos humanos, hasta tanto sus recomendaciones hayan sido cumplidas, alcanzado la restitución y garantía en el ejercicio de los derechos civiles, sociales políticos y culturales, así como un espacio cívico seguro y democrático.
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización en Venezuela. Primer semestre de 2022 AQUÍ
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