El presidente brasileño y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, negó este miércoles que el Ministerio de Defensa haya hecho una auditoría de las urnas electrónicas usadas en la primera vuelta de los comicios, el pasado 2 de octubre.
EFE
«Las Fuerzas Armadas no hacen auditorías», declaró Bolsonaro a periodistas, consultado sobre una decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que emplazó al Ministerio de Defensa a presentar el informe de las pruebas que supuestamente realizó en las urnas el mismo día de la primera vuelta.
Esas pruebas, negociadas con el TSE, fueron una consecuencia de presiones ejercidas por el propio Bolsonaro, en el marco de una campaña de descrédito que mantuvo durante meses en torno al sistema electrónico de voto que Brasil adoptó en 1996 y que hasta hoy no ha sido objeto de denuncias de fraudes.
El pasado 2 de octubre, Bolsonaro, quien aspira a la reelección, tuvo un 43,2 % de los votos, frente al 48,4 % que logró el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato de un frente progresista con quien se medirá en una segunda vuelta el 30 de octubre.
Tras la primera vuelta, el líder de la ultraderecha llegó a decir que esperaría «el informe» de las Fuerzas Armadas para opinar sobre la transparencia del proceso, que no fue puesta en duda por nadie.
Dos días después, el TSE informó de que no había sido detectada ninguna irregularidad, pero aun así el Ministerio de Defensa se ha mantenido en silencio sobre sus pruebas, que según la prensa local le han sido entregadas en privado a Bolsonaro.
Este martes, ante esas versiones, el TSE emplazó a los militares a hacer públicos esos informes.
«La realización de la auditoría por parte de las Fuerzas Armadas» y «la entrega del resultado al candidato a la reelección parecen demostrar la intención de satisfacer la voluntad electoral expresada por el jefe del Ejecutivo», indicó el presidente del TSE, Alexandre de Moraes.
Según el magistrado, eso pudiera configurar, «en tesis, un desvío de finalidad y abuso de poder» por parte de las Fuerzas Armadas, que son parte de un Gobierno que tiene un candidato a la reelección y se ha valido de dinero público para la realización de las pruebas.
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