Un tribunal de Teherán, ha condenado a muerte a un detenido durante la ola de protestas contra la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre, en lo que se trata de la primera sentencia de este calibre desde el inicio de las manifestaciones.
La agencia oficial de noticias IRNA, que no identifica al condenado, indica que la sentencia se ha dictado en relación con los cargos de “incendiar un edificio gubernamental, alterar el orden público, reunirse y conspirar para cometer un delito contra la seguridad nacional, y ser enemigo de Dios y de corrupción en la tierra”, este último delito castigado con la ejecución.
El veredicto, sin embargo, aún puede ser apelado.
Asimismo, el tribunal también ha condenado a cinco personas a penas de entre cinco y 10 años de prisión por alteración del orden público.
Más de 15.000 iraníes han sido detenidos y varios cientos han muerto en casi dos meses de protestas, según estimaciones de la agencia de noticias activista Hrana. Las manifestaciones que comenzaron en respuesta al presunto asesinato policial de Amini se han convertido en un amplio movimiento contra los líderes clericales del país. Las autoridades han exigido duros castigos para los manifestantes, a los que llaman “alborotadores”, y han tratado de culpar de los disturbios a potencias extranjeras.
Algunos de los detenidos son puestos en libertad con una multa. Otros son juzgados en un tribunal penal. Pero los presos políticos suelen enfrentarse a estos temidos tribunales revolucionarios, un sistema paralelo creado para proteger a la república islámica, dijoa The Washington Post Hadi Enayat, sociólogo político especializado en derecho iraní.
Los tribunales revolucionarios son conocidos por sus “atroces violaciones de las garantías procesales”, dijo Tara Sepehri Far, de Human Rights Watch. El Estado “utiliza los juicios como un elemento más para dar forma a su narrativa sobre las protestas”.
Al igual que en el pasado, los grupos de derechos humanos esperan que sean juicios falsos, basados en pruebas fabricadas y confesiones realizadas bajo coacción o tortura. Los detenidos han sido acusados de cometer actos de violencia y de asesinar a las fuerzas de seguridad iraníes con pocas o ninguna prueba, dicen.
Irán es uno de los principales verdugos del mundo. Al menos 314 personas fueron ejecutadas en 2021, según Amnistía Internacional, aunque la cifra real es probablemente mayor. Las sentencias de muerte dictadas para los presos políticos a veces se conmutan o nunca se llevan a cabo, aunque la amenaza permanece.
En diálogo con The Washington Post, Hossein Raisi, ex abogado en Irán y ahora profesor de derechos humanos en la Universidad de Carleton en Ottawa, explicó que el sistema jurídico de Irán se basa en una interpretación fundamentalista de la ley islámica.
“El sistema judicial iraní es el sistema judicial del líder supremo”, dijo, en referencia al ayatolá Alí Khamenei, jefe del gobierno teocrático de Irá.
Tribunales revolucionarios
El primer líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, creó los tribunales revolucionarios como sistema provisional para purgar a los opositores tras derrocar al gobernante del país, el sha, en 1979. Desde entonces se han convertido en un elemento clave de la república islámica, permitiendo a los leales al régimen controlar los resortes de la justicia. Los tribunales revolucionarios colaboran estrechamente con el ala de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC, la fuerza de seguridad paralela del líder supremo.
Los tribunales revolucionarios dependen de un solo juez, en lugar del panel de jueces utilizado en los tribunales penales. Los jueces suelen ser clérigos o han sido formados en una universidad estatal. Los presos políticos tienen un acceso limitado o nulo a sus abogados y no pueden ver las supuestas pruebas contra ellos.
El Ministerio de Inteligencia y el ala de inteligencia de la IRGC participan a menudo en los interrogatorios y en la recogida de pruebas, en violación de la ley iraní, dijo Raisi. Pero en tiempos de disturbios, dijo, las autoridades abandonan toda pretensión de seguir el procedimiento penal.
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