La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo, llamó al diálogo a quienes este jueves bloqueaban vías en varias regiones del país, exigiendo su renuncia.
AFP
Las protestas contra el nuevo gobierno se reiniciaron el miércoles tras un receso por las fiestas de fin de año. Los manifestantes piden la salida de Boluarte, quien asumió hace casi un mes, además del cierre del Congreso y el adelanto inmediato de elecciones.
«Desde el Ejecutivo les tendemos la mano y el corazón, nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen a la casa de gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar y, de una vez, pongámosle fin a estas marchas de protesta», dijo Boluarte en conferencia de prensa en Lima.
Boluarte criticó los bloqueos de carreteras que se extienden por segundo día consecutivo, complicando las actividades económicas y turismo. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo el jueves por la tarde, se registran movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 30 de las 195 provincias del país.
«El derecho a la protesta pacífica termina cuando se violentan los otros derechos, y eso implica el bloqueo de caminos y el no dejar que las personas transiten libremente en espacios que se han ido bloqueando», indicó Boluarte.
Esperan disminución
Las protestas ocurren en las regiones de Cusco, Puno, Madre de Dios (sureste) Ica (suroeste), Apurímac (centro sur), Moquegua, Tacna (sur), Huánuco, Junín (centro) y Cajamarca (norte). Son sectores donde Castillo, un maestro rural de izquierda, tiene apoyo.
En Ica, pobladores bloquearon la carretera Panamericana Sur, principal vía que llega hasta la región Tacna (frontera con Chile).
Los bloqueos con neumáticos incendiados y piedras impiden el paso de decenas de buses de pasajeros y vehículos de carga.
En Puerto Maldonado, región amazónica de Madre de Dios, manifestantes mantienen bloqueado un tramo de la vía Interoceánica, que une Perú y Brasil.
«En la región del sur se ha concentrado un mayor registro de protestas», declaró el ministro del Interior, Víctor Rojas.
«Espero que en las próximas horas o días se vayan diluyendo las protestas como se están llevando. Nos mantenemos tolerantes para continuar con el respeto de todas las personas en su derecho de protesta», agregó.
Como prevención, el tren entre Cusco y la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo de Perú, sigue suspendido para evitar contratiempos a los visitantes.
En las protestas de fines de 2022, miles de turistas quedaron varados en Machu Picchu y en el Cusco, ante la interrupción de la vía férrea y el cierre del aeropuerto, tras una tentativa de toma por parte de los manifestantes.
«Injerencia» de Evo Morales
El mércoles, la presidenta Boluarte pidió al exmandatario de Bolivia Evo Morales dejar de «intervenir» en los aisuntos internos del país y dijo que las autoridades migratorias evalúan si le permiten entrar al territorio.
El izquierdista Morales, aliado del destituido Castillo, es acusado por sectores de derecha de azuzar las manifestaciones en contra de la nueva presidenta, principalmente en Puno, región fronteriza con Bolivia, donde el líder indígena cocalero ha realizado actividades el año pasado.
«El Perú rechaza cualquier intento injerencista en nuestros asuntos internos», insistió este jueves el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola.
El jueves, el legislador y almirante en retiro Jorge Montoya presentó en Lima una denuncia penal contra Morales por presuntamente atentar contra la seguridad nacional y lo calificó como un «enemigo declarado del Perú».
Por su parte, Morales pidió a través de Twitter «parar las masacres y las detenciones ilegales» y sostuvo que ofrecerá «la otra mejilla» si le impiden entrar a Perú.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, reiteró que se «han detectado» a cinco ciudadanos bolivianos participando en las manifestaciones en Puno.
En su calidad de vicepresidenta, Boluarte sustituyó a Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó sin éxito dar un golpe de Estado. Fue destituido por el Congreso y luego detenido y acusado de rebelión.
Tras la caída de Castillo se desataron violentas protestas en el centro y sur del país, donde el exgobernante tiene más adeptos.
Policías y militares repelieron las manifestaciones con un saldo de 22 fallecidos y más de 600 heridos, varios de ellos baleados.
El gobierno se comprometió a colaborar con las investigaciones de esos hechos, ante cuestionamientos sobre un uso excesivo de la fuerza.
En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024.
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