Tras conocer que la la Asamblea oficialista de Venezuela, aprobó en primera discusión el proyecto de ley para ilegalizar las ONG en Venezuela, el partido opositor, Vente Venezuela, manifestó su preocupación, he hizo un llamado a la comunidad internacional «a evidenciar esta nueva arremetida del Estado criminal».
Por medio de su cuenta oficial de la red social Twitter, se expresó «El régimen de Nicolás Maduro atenta y criminaliza a las ONG a través de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento. No solo se ha encargado de atacar a la sociedad civil, ahora arremete contra las organizaciones que ayudan a las víctimas».
Diosdado Cabello, presentó la propuesta, que fue respaldada por la mayoría oficialista, y que ahora entra en un «lapso perentorio de consultas» antes de ser discutida en detalle en la Cámara.
«Hoy las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización a nuestro país», dijo Cabello tras considerar que la actuación de estas organizaciones constituyen «una situación irregular».
.Hacemos un llamado a la comunidad internacional a evidenciar esta nueva arremetida del Estado criminal.
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) January 24, 2023
Diosdado Cabello, aseguró que «la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones dependen de Estados Unidos y operan como apéndices de Washington «para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero».
«Comenzamos a revisar, más o menos, cuántas (ONG) hay hasta este momento. En una primera vuelta, (encontramos) 62 que operan con fines absolutamente políticos en nuestro país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones», prosiguió, para luego mencionar, entre otras, a Provea, organización que lleva 35 años dedicada a la defensa de los DDHH.
El proyecto inicial de ley, compartido este martes por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.
La propuesta prohíbe expresamente a las ONG «realizar actividades políticas» y «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones» del Estado.
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