La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez acusó este martes a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por remitir a un juez los antecedentes de una acusación para procesarla por la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades como señalan las normas bolivianas.
EFE
Áñez acusó en un hilo de mensajes en Twitter al magistrado Edwin Aguayo por operar «a espaldas» del TSJ y remitir al juez Marco Antonio Amaru, de la jurisdicción de El Alto, ciudad vecina de La Paz, los antecedentes del caso «Senkata», referido a las muertes de civiles en esa urbe boliviana durante los conflictos de 2019.
La exmandataria cuestionó que ese trámite se haya efectuado «sin que hasta la fecha se haya resuelto» una apelación que planteó su defensa contra el dictamen del juez Amaru, que en enero se declaró competente para administrar ese caso.
También remarcó que el proceso por la vía ordinaria desconoce su condición de expresidenta del país y es contrario a la «jurisdicción judicial», la Constitución y la Ley de Juicio de Responsabilidades vigente.
Además, aseveró que el TSJ «tiene control jurisdiccional», ya que «aprobó y remitió» una proposición acusatoria por ese mismo caso al Parlamento en 2021 y que hasta ahora el Legislativo no se ha reunido para aprobar o rechazar ese pedido.
Añez arremetió contra el magistrado Aguayo, el juez Amaru y el ministro de Justicia, Iván Lima, a quienes señaló de ser parte del «sicariato judicial» que impide que se la procese en un juicio de responsabilidades como expresidenta.
Asimismo, aseveró que algunas autoridades del poder Judicial «negocian» para volver a postular en las elecciones a altos cargos en ese órgano que deben celebrarse este año en Bolivia.
El caso Senkata se suma a otros cuatro procesos que se siguen a Áñez por la vía ordinaria, unos relacionados a la crisis política de 2019 y otros a acciones cuando fue presidenta interina de Bolivia.
En una reciente entrevista con EFE, el ministro Lima dijo que los procesos ordinarios contra Áñez se basan en el criterio de que el juicio de responsabilidades no incluye la segunda instancia, algo que se contrapone al Pacto de San José que reconoce el derecho de «recurrir el fallo ante juez o tribunal superior».
Áñez, encarcelada desde marzo de 2021, fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso «golpe de Estado I» en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia durante la crisis política y social de 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
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