Antes de la llegada de la pandemia del COVID-19 a Venezuela ya se hablaba de una “educación en emergencia”, con fallas en los servicios básicos, en la infraestructura de las escuelas, importantes problemas de movilidad, “salarios de hambre” y niños en situación de desnutrición.
Tres años después del inicio del COVID-19, las brechas se han “profundizado” y, de hecho, para buena parte de los integrantes del sector, la situación en el sistema educativo público en Venezuela, que enfrentó elementos diferenciadores respecto al resto de la región, “ha empeorado”.
En eso coincide Ana, una profesora de educación inicial en una escuela pública en Catia, una zona popular del oeste de Caracas, quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias.
Tiene 14 años de servicio y recuerda que en marzo de 2022, tras el último aumento salarial, ganaba el equivalente en bolívares a 80 dólares, pero, la devaluación ha reducido su sueldo actual a 18 dólares mensuales.
Para ella, el deterioro de la calidad educativa en “todas” las escuelas públicas e incluso en “algunas” privadas, es evidente. Además, insiste en que, debido a la crisis económica, los padres y representantes tienen muchas dificultades para mantener a sus hijos en los centros educativos.
“Estamos ante una gran crisis educativa, han desertado muchos maestros. La crisis económica y social ha hecho que renuncie a sus labores. El docente se tuvo que reinventar, buscar otros trabajos. Quienes están en educación es por vocación o porque tenemos otro trabajo”, dijo a la Voz de América.
Los aspectos que venían afectando a la educación son múltiples y complejos, entre ellos las renuncias masivas de maestros desde 2018 y los problemas de alimentación generalizados, resume la profesora Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría.
El año 2023 inició con manifestaciones de maestros que exigían salarios “dignos” que les permitan cubrir sus necesidades más básicas y actividades limitadas en algunas escuelas del país.
A mediados de enero la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en cuestión de horas se conocerían anuncios sobre la recuperación del poder adquisitivo, sin embargo, aún no se ha registrado un aumento salarial en el país.
La ministra de Educación, Yelitze Santaella, dijo el fin de semana que por lo pronto no están en capacidad de firmar un contrato colectivo con maestros y trabajadores de la educación. En varias ocasiones el gobierno ha atribuido la crisis a las sanciones de la comunidad internacional.
Tecnología y desigualdad
Las deficiencias en materia de tecnología y la “desigualdad” en la conectividad, se sumaron a las dificultades de impartir clases a distancia durante la suspensión de clases presenciales, como parte de las políticas de prevención implementadas por el gobierno venezolano para hacer frente al COVID-19.
En octubre de 2021 las autoridades comenzaron a permitir el regreso a clases presenciales de forma “progresiva y alterna”, luego de haber suspendido las clases, “en todos los niveles”, en marzo del 2020.
“¿Cómo haces para trabajar con Google Classroom, por ejemplo, en un país donde la mayoría no tiene conexión a internet y además es muy malo? Súmale los problemas de electricidad. Esto supuso más esfuerzo que en otros países”, recuerda Pernalete.
Venezuela tiene una de las conexiones más lentas del mundo. De acuerdo con el Índice Global de Speed Test (rapidez), ocupa el puesto número 136 de 138 países en la categoría de velocidad de internet móvil, solo por encima de Afganistán y Cuba.
La pandemia ocasionó que quienes tuvieron acceso a la tecnología tengan ahora un “mayor” nivel de aprendizaje, lo que ha creado una “gran desigualdad” en el conocimiento de los niños, afirma Ana.
“Llevan un seguimiento académico efectivo, se ve muchísimo la desigualdad entre un niño que está en una escuela pública y uno en privada”, dice.
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