Estados Unidos expresó este martes su apoyo al establecimiento de un tribunal especial que juzgue los crímenes de guerra cometidos por las tropas de Vladimir Putin durante la invasión a Ucrania basado en el sistema judicial ucraniano, con apoyo internacional y que se ubique en un tercer país.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la prensa que este modelo de “tribunal nacional internacionalizado” permitiría a Ucrania liderar la rendición de cuentas por los supuestos crímenes de guerra con el apoyo de la comunidad internacional.
“Estados Unidos apoya la creación de un tribunal especial sobre la agresión contra Ucrania que se base en el sistema judicial de Ucrania con elementos internacionales”, indicó la misma fuente.
El gobierno de Joe Biden desea que esta corte cuente con un especial apoyo de sus socios europeos y que “idealmente esté ubicado en otro país de Europa”, añadió.
Según el portavoz de la diplomacia estadounidense, dicho tribunal complementaría el trabajo del Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión (ICPA, por sus siglas en inglés), un organismo que la Comisión Europea prevé poner en marcha en verano para preservar las pruebas y preparar su análisis para un eventual juicio de la agresión rusa.
“Nos comprometemos a trabajar con Ucrania y países de todo el mundo para apoyar al tribunal y maximizar las posibilidades de una rendición de cuentas”, concluyó el vocero.
Durante su intervención este martes en la Cumbre por la Democracia auspiciada por Estados Unidos, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, advirtió que implementar la paz “a cualquier costo es ilusorio” y subrayó que mantener la integridad territorial de su país es una condición “esencial”.
También celebró la orden de arresto lanzada semanas atrás por la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación de niños ucranianos durante la guerra. Ni Rusia ni Estados Unidos son parte del Estatuto de Roma de la CPI.
El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
También emitió una orden para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.
La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita en Ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”.
El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa.
Rusia, no obstante, rechaza las acusaciones de crímenes de guerra.
En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la Comisión de investigación de la ONU concluye que “las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra”.
Vladimir Putin firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores.
Los investigadores también acusaron al gobierno ruso de haber cometido posibles “crímenes contra la humanidad”.
El mes pasado Lesia Zaburanna, diputada del Parlamento ucraniano, denunció que más de 16.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde que comenzó la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022.
La parlamentaria aseguró que en este periodo otros 350 niños han sido dados por desaparecidos y se ha logrado localizar a un total de 9.510 menores que estaban ilocalizables desde que se inició el conflicto.
Zaburanna dijo que la cifra de menores deportados representa el 20% de los niños de Ucrania y señaló que al menos la mitad fueron separados de manera forzada de sus padres.
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