El chavismo, aún sin admitirlo, lleva varias semanas tras las pistas de una amplia trama de corrupción en la industria petrolera de Venezuela, cuyos entretelones ya habían sido revelados hace meses por un grupo de periodistas que debieron exiliarse porque la justicia de su país amenazó con encarcelarlos a raíz de sus reportajes.
El gobierno de Nicolás Maduro y la fiscalía venezolana han anunciado el arresto de al menos 51 funcionarios, jueces, empresarios, políticos y “mujeres de la mafia” vinculados al chavismo, por apropiarse de patrimonio público y legitimar capitales derivados de un opaco esquema de operaciones petroleras en la gestión del hoy exministro Tareck el Aissami.
Armando.Info, un medio digital venezolano fundado hace nueve años, especializado en investigaciones de gestión pública y prácticas de transparencia en el ejercicio financiero, publicó el año pasado varios reportajes sobre estas operaciones irregulares en el seno de la estatal Petróleos de Venezuela con el concurso de empresarios cercanos al oficialismo.
“A cuentagotas”, el fiscal general Tarek William Saab ha comprobado “toda una madeja de complicidades tejida en torno al negocio petrolero” venezolano que destapó el medio desde agosto del año pasado, cuenta el coeditor de Armando.Info, Ewald Scharfenberg.
Armando.Info reveló que PDVSA enfrentaba problemas de caja por no haber podido cobrar el 80 % de las ventas al contado efectuadas entre 2019 y agosto de 2022, debido a que el ministro El Aissami habilitó una red de intermediarios inexpertos y desconocidos. El monto desaparecido ascendía a al menos 8.400 millones de dólares, según el medio.
“Estos nuevos intermediarios, a veces por ineptitud e inexperiencia, pero a menudo por esquemas corruptos por los que ‘privatizaban’ las ganancias de esas transacciones, en llave con funcionarios estatales, no aportaban a PDVSA los ingresos debidos” de unas operaciones que trataban presuntamente de evadir las sanciones económicas contra el gobierno venezolano, indica Scharfenberg en conversación con la Voz de América.
Además de revelar la “crisis” de PDVSA por esas operaciones opacas y cómo derivó en “problemas de liquidez” del gobierno de Maduro, Armando.Info publicó reportajes donde mencionan las responsabilidades en esquemas de corrupción de figuras como Antonio Pérez Suárez, Bernardo Arosio y los hermanos Perdomo. Hoy, muchos están detenidos.
En el clavo
La publicación identificó al vicepresidente de suministro y comercio de PDVSA, el coronel Antonio Pérez Suárez, como la figura que acordó con El Aissami la puesta en marcha del esquema de intermediarios “desconocidos” y cercanos al chavismo, para evadir sanciones.
Pérez Suárez, presentado ya ante un tribunal de Caracas por su implicación en la corrupción petrolera más reciente, pobló parte del organigrama gerencia de PDVSA con “compañeros militar sin otra credencial que la lealtad” hacia él, explica Scharfenberg.
“Cuando ese hueco [de las ventas no cobradas por PDVSA] se hizo evidente, El Aissami trató de echarle la culpa a Pérez Suárez. Al final, ambos resultaron descabezados”, añade.
Armando.Info también publicó investigaciones sobre “el ascenso empresarial de grupos familiares y económicos asociados a estos esquemas” corruptos hoy reconocidos por Maduro, los voceros del partido de gobierno y el fiscal general de Venezuela, cuenta.
El medio denunció además la participación en el proyecto de exportación de gas a Colombia de los hermanos Bernardo y Tadeo Arosio, vinculados a la construcción y negocios turísticos, que manejaban “una oficina de trade petrolero espectral en una casa humilde de Sarría, una zona popular de Caracas”, precisa Scharfenberg.
Los periodistas, señala, desvelaron asimismo que los hermanos Rafael, Roger y Maryuri Perdomo Rodríguez, dueños de la constructora HP, promotores del auge “bohemio” de Caracas que se había convertido en vitrina de una supuesta recuperación económica del país, consiguieron “de funcionarios militares jugosos contratos en refinerías de PDVSA”.
La Policía Nacional Anticorrupción detuvo en marzo tanto al coronel Pérez Suárez como a Bernardo Arosio y Rafael y Roger Perdomo, confirmó el fiscal general venezolano.
La persecución
Tres editores y un periodista investigador de Armando.Info debieron salir en 2018 de Venezuela bajo amenazas judiciales y personales tras la publicación de dos reportajes sobre el negocio del plan estatal de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Scharfenberg, Alfredo Meza y Joseph Poliszuk, editores del portal, y el redactor Roberto Deniz, fueron demandados por el empresario colombiano Alex Saab, figura central de la denuncia de los negocios de los CLAP, por delitos que acarreaban hasta 6 años de cárcel.
Saab se encuentra detenido en una cárcel de Florida por acusaciones del gobierno estadounidense de liderar una red de corrupción y lavado de capitales milmillonaria a favor del gobierno de Maduro. Caracas, por su lado, lo identifica como su enviado especial para asuntos humanitarios, una figura a la que defiende como parte de su cuerpo diplomático.
Roberto Deniz, autor de aquellos reportajes sobre los CLAP y Saab, menciona a la VOA que las investigaciones del Estado venezolano sobre la red corrupta en PDVSA han incluido allanamientos a propiedades de quien Armando.Info identificó hace años como el socio principal del empresario colombiano en Venezuela, Álvaro Pulido.
“Falta saber muchas cosas. Hasta ahora, hemos visto una serie de tensiones y de acusaciones genéricas contra funcionarios y empresarios, pero no se han nombrado empresas involucradas. No se ha explicado de cuánto es la magnitud del dinero que perdió PDVSA en estos años por entregar el petróleo a empresarios fantasmas”, asegura.
El conocimiento que tenían sobre la trama de corrupción en PDVSA figuras de la cúpula chavista, como Maduro y su responsable de asuntos financieros, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, también es otro asunto pendiente en las investigaciones, según el periodista.
La presentación de datos y capturados ha sido “muy instrumentalizado desde lo político”, con “cálculos” de sus impactos en la imagen y continuidad de figuras chavistas, opina.
“La corrupción en Venezuela es colosal. El estado de PDVSA es el de una compañía inviable. Se estableció una especie de contabilidad paralela donde nadie estaba haciendo el rol de las auditorías. Falta mucho por saber” de esa trama, afirma Deniz, todavía exiliado.
El equipo de Armando.Info experimenta “una sensación de misión cumplida” tras la confirmación de la veracidad de sus denuncias, a pesar de la “ironía” de que las reivindique el fiscal Saab, un exdiputado y gobernador del chavismo, dice Scharfenberg, por su parte.
Para él, no es más que un “sinsentido” y una “injusticia” que cuatro miembros del equipo de la publicación sufran “amenazas físicas y judiciales”, así como el bloqueo del acceso a su portal en Internet, cuando el mismo Estado comprueba la veracidad de sus reportajes.
Scharfenberg prefiere ver los últimos hechos políticos y judiciales en Venezuela como un favor no a su marca, sino a la “reivindicación del periodismo factual y documentado”.
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