A pesar de que el ELN pactó el viernes 9 de junio el tan anhelado cese al fuego con el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, nuevamente hubo una controversia con ese grupo guerrillero, luego de que Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, uno de sus máximos jefes subversivos, negara la posibilidad de abandonar la criminal práctica del secuestro cuando inicie la tregua el próximo 8 de agosto, declaración que fue criticada por Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
“Nosotros no hablamos de secuestros, sino de retenciones, si no son necesarias, no se harán”, afirmó ‘Beltrán’ en medio de un diálogo con periodistas en La Habana (Cuba), donde agregó que sobre esa ‘forma de financiación’ del grupo armado al margen de la ley no se pactó nada en la mesa de negociación. “Se comenzó a hacer el análisis, no se concluyó, más adelante se va a seguir”, reiteró.
La actitud con los comunicadores, ya que el insurgente cortó con sus declaraciones luego de que le preguntaron por el reclutamiento de menores, fueron descalificadas por Goebertus a través de su cuenta oficial de Twitter.
“¡Qué soberbia! La toma de rehenes es una infracción al derecho internacional humanitario y un crimen de guerra (sic)”, expresó.
La directora del observatorio de Derechos Humanos, además, advirtió que si en esa guerrilla seguían perpetrando ese delito en el país, tendrían que responder penalmente.
“Cada día que el ELN continúe con esta horrenda práctica suma más hechos por los que tendrá que rendir cuentas ante la justicia (sic)”, sostuvo.
Esta reacción se suma a la del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien reprochó que mientras que ese grupo no cedió sobre esa práctica criminal, la Fuerza Pública no podrá llevar a cabo operativos en su contra.
“El ELN dice que ellos sí pueden seguir secuestrando y extorsionando. Eso no lo entiende nadie (…) Sí, queremos la paz, pero a un precio tan alto es imposible. No puede ser”, reprobó.
El mandatario regional también censuró que recientemente las autoridades lograran la captura de un mando medio de ese grupo insurgente, a quien beneficiaron después excarcelándolo para participar en el proceso de paz.
“No los podemos perseguir, entre ellos, Álvaro Boyaco, que después de cometer crímenes, extorsionar y cometer muchas fechorías, con un gran esfuerzo es capturado por nuestra Fuerza Pública, pero hoy lo liberan y lo vuelven gestor de paz. Eso es muy difícil y le baja la moral a los colombianos, a la tropa”, señaló.
Pese a esto, el almirante Orlando Romero, uno de los delegados del Gobierno en la mesa de negociación, sostuvo en una entrevista con La W Radio que, por el contrario, había desconocimiento de los acuerdos para el cese al fuego y que sí están prohibidas todas las actividades ilegales para el ELN.
“Tiene una esencia que es disminuir las afectaciones a la población civil. Incorpora un listado de actividades que no están permitidas y un protocolo de acciones específicas (…) el texto hace claridad de que el propósito es generar condiciones para que la población pueda ejercer derechos y libertades, con énfasis en las más vulnerables”, afirmó el alto oficial.
Aclaró también que no se va a restringir ninguna función constitucional de la fuerza pública “en ninguna parte del territorio nacional”, además que “se mantiene el estado social de derecho y la vigencia de las instituciones”.
También que no se detendrán las labores de inteligencia en el territorio nacional por el Ejército, en especial para hacer respetar los protocolos de la tregua.
Finalmente, el almirante Romero dejó claro que será la comunidad la que se encargará de verificar el cumplimiento de la tregua con el ELN.
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