A diferencia de otras naciones de la región, el país caribeño sigue anclado en el pasado en cuando a la atención de las necesidades de la población sexodiversa. Mientras la dictadura y la oposición resuelven sus internas, la sociedad civil, harta de ser ignorada, se alista para ocupar los espacios que le corresponden.
Venezuela es uno de los países de América Latina que no ha avanzado en materia de derechos para la comunidad LGBTQ+. En más de 20 años de dictadura chavista, ni el régimen, ni la oposición han realizado algún tipo de esfuerzo para solucionar la desigualdad relacionada con la sexodiversidad.
Esta tarea, que ha sido parte fundamental de las políticas de Estado desde hace años en países vecinos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, sigue siendo una materia pendiente del poder público y que la sociedad civil se empeña en reclamar.
Para defensores de los Derechos Humanos en el país, como Daniel Picado, la situación es preocupante ya que las organizaciones que forman parte de este movimiento no han encontrado aliados firmes que se comprometan con su causa.
“Aquellos que dicen ser aliados, son aliados de palabra que enuncian a la comunidad pero no son capaces de levantar la mano para aprobar el matrimonio igualitario en el Parlamento, no asisten a las sesiones o difieren los debates”, afirmó Picado, quien dirige la ONG País Plural.
Como otro ejemplo claro de lo que ocurre con los gestores de las políticas públicas en Venezuela, Picado señaló que “ni la Asamblea del 2015?, que contaba con mayoría de diputados opositores, “ni la del 2020?, elegida en forma irregular y liderada por el régimen chavista, “han hecho cosas significativas por la comunidad LGBTQ+”.
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