Casi nada está claro en la cárcel venezolana de Tocorón, custodiada en la entrada por un centenar de agentes de los 11.000 que, según el Gobierno, fueron desplegados el miércoles para la intervención del penal. Lo que se ve dentro del recinto y la poca información oficial deja un amplio espacio para las dudas, hasta ahora irresueltas.
EFE
Tres días después de que a la cárcel entraran las fuerzas de seguridad, armadas hasta los dientes y, según testigos, disparando desde la madrugada, un grupo de periodistas tuvo acceso al sitio para tomar imágenes de los pocos lugares que las autoridades decidieron mostrar.
A bordo de vehículos militares, el recorrido sirvió para observar las comodidades y, en algunos casos, el lujo que hay en esta penitenciaría, que cuenta con piscina, parques infantiles, restaurantes, bares, tienda de ropa y calzado, edificaciones con aire acondicionado y televisión satelital y caminerías en perfectas condiciones.
La invitación incluía un paseo solo por una parte minoritaria de la prisión. A lo lejos, con el vehículo siempre en movimiento, se ven un par de casas de dos plantas con modernos balcones, también generadores eléctricos, canchas deportivas y caminos hacia otros lugares que el Ejecutivo no quiso exhibir, al menos de momento.
«Se acabó el Tren»
Un grafiti en una puerta señala lo que este sábado aseguró el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos: «Se acabó el Tren» de Aragua, la organización criminal que operaba desde esta cárcel, cuyos delitos se han extendido por Chile, Perú, Bolivia y Colombia.
Ceballos coronó el recorrido de la prensa con un discurso victorioso, en el que aseguró que el megaoperativo policial y militar se completó, de manera «impecable» y «apegados a los derechos humanos», sin ninguna negociación con los grupos delictivos de Tocorón.
Con dos máquinas de construcción detrás, que destruían unas pequeñas edificaciones, el ministro hizo su declaración y adelantó que no aceptaría preguntas. Ni él ni ninguna otra autoridad dentro del penal aclara nada, mientras se mantiene un movimiento constante de vehículos de seguridad, maquinaria y autobuses.
La versión gubernamental reiteró que la cárcel ha sido desalojada por completo, lo que quiere decir que «todos los reclusos» fueron trasladados a otros penales, una aseveración que se cae al entrar al recinto, donde se puede ver a decenas de presos, esposados o uniformados como tal, mientras que los familiares esperan afuera para ver a quienes permanecen allí dentro.
El silencio habitual del Ejecutivo, que no ofrece información sobre cuántos reos resultaron heridos en el procedimiento o la cifra exacta de fugados, tampoco permite saber por qué hay una hilera de chabolas en el penal o cómo ingresó la variedad de marcas de whisky y otros licores importados al lugar.
Afuera, la angustia
Sentadas en el asfalto o recostadas en las paredes, varias decenas de mujeres esperan afuera de la prisión por información sobre sus esposos, hijos o hermanos. Algunas llevan 72 horas en el sitio, otras un poco menos, pero ninguna ha podido ver a su pariente.
Una de ellas es Ligia Istúriz, madre de un reo que llevaba 7 años en Tocorón, donde cumplía una pena de 15 años, quien ahora no tiene idea del lugar al que enviaron a su hijo.
«Lo que queremos es que nos den la información para nosotros saber a dónde nos vamos a dirigir», dice la mujer de 70 años, que no sabe «nada» de su primogénito desde la madrugada del miércoles, cuando este le envió un mensaje por el celular en el que le informaba de la intervención y le pedía estar pendiente de él.
Esta área de espera, ocupada por mujeres casi al 100 %, está vigilada por decenas de policías y militares que, como dentro del penal, portan armas largas y, en ocasiones, usan capuchas. Al menos tres agentes consultados por EFE se negaron a mostrar la lista de heridos, si bien confirmaron la existencia de este listado «confidencial».
Yendri Melendez, de 48 años, uno de los pocos hombres que buscaba información, explicó a EFE que su hijo de 20 años fue trasladado a otro centro y todavía no sabe a cuál. Además, otro de sus hijos, de 18 años, que visitaba a su hermano en prisión, falleció en medio de la intervención gubernamental.
«Lo mataron», dice el hombre que, según contó, certificó el cadáver de su hijo en la principal morgue de Caracas, a donde fueron enviados otros «muertos» de la intervención, un asunto sobre el que el Gobierno no ha dado información, salvo del fallecimiento de un militar.
Entretanto, rodeados de montañas y en medio de carreteras maltrechas, los familiares se mantienen llenos de incertidumbre, mientras que el lujo dentro del penal genera más interrogantes que respuestas.
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