Grisel Sánchez Pérez, es la jueza provisoria que emitió en su Juzgado Superior Estadal Quinto Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, la decisión de “PROHIBIR” que el alcalde de Baruta Darwin González, su director de ingeniería municipal, su director de deportes, el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Baruta, el Concejo Municipal de Baruta, y miembros de la Asociación de Vecinos y Concejo Comunal, perturben y se pronuncien sobre los actos administrativos, y la forma como se realizó el contrato de comodato, para la “ejecución de la obra de ampliación, remodelación y mejoramiento, del polideportivo “Chiquitín Ettegdgui” ubicado en la urbanización Santa Paula del municipio Baruta del estado Miranda.
La petición de dicha medida cautelar fue realizada a través de un Amparo Constitucional interpuesto por la abogada Nathalie Pinto Carrasquero, apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Ludus Sports C.A., donde figuran como propietarios los empresarios Victor Ferreres Palou y Alejandro De Armas Caraballo.
De acuerdo a la opinión de algunos jurisconsultos consultados, la citada decisión, presenta irregularidades en el respeto y la garantía a la tutela judicial efectiva, así como el debido proceso, contemplados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aunado a estos, otros expertos añaden que también se estaría pasando por alto el artículo 58 que establece que “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”.
El equipo de AlbertoNews, conversó con diversas fuentes, quienes prefirieron el anonimato antes de incurrir en un supuesto “desacato”, ya que aseguran que esta medida se ha puesto de moda por algunos administradores de justicia con el propósito de amenazar y generar miedo con la privación de libertad a quiénes no obedezcan.
El conflicto se desató luego del 14 de agostos de 2023, cuando una de las partes involucradas en la transacción contractual se deslindó y cambió de parecer luego de que todo se llevase supuestamente en armonía.
En una entrevista realizada por el portal Armando.Info, Ferreres descartó “irregularidades en el proceso de adjudicación por comodato y asegura que presentaron el proyecto a la alcaldía porque vieron una oportunidad en la expansión del deporte y porque, además, De Armas y él son “furibundos padelistas”, cita el texto.
De un tiempo para acá, la posición de los vecinos ha cambiado, puesto que aseguran que no se les presentó el proyecto definitivo, así como otros documentos. No obstante, una gráfica y a su vez una acta manuscrita reflejan lo contrario. Dicho documento está rubricado por las partes interesadas, entre ellas la de Nastra Abdula, Contador Público, Administrador de Empresas, Asesor Bienes Raíces, Defensor LOPNA Baruta, y presidente de Asopaula y vocero del Concejo Comunal de Santa Paula.
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