Los funcionarios de la administración Biden dijeron que estaban “contentos” de que Venezuela aceptara los vuelos de deportación desde Estados Unidos tras un acuerdo con el gobernante Nicolás Maduro, a pesar de que Estados Unidos no reconoce formalmente su autoridad y no tiene relaciones diplomáticas con su gobierno.
Por El Nuevo Herald
“Como hacemos con países de todo el mundo desde hace mucho tiempo hemos instado a Venezuela a aceptar a sus ciudadanos y estamos contentos de que hayan aceptado hacerlo”, dijo Mark Wells, subsecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Hablando en español, agregó que “nuestros dos gobiernos hemos hablado un arreglo para garantizar la repatriación segura, ordenada y humana de los migrantes venezolanos que no califican para recibir protección bajo nuestras leyes”. Estados Unidos dejó de reconocer formalmente a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela en enero de 2019, reconociendo en cambio a la Asamblea Nacional venezolana, elegida democráticamente en 2015, como la única rama legítima del gobierno del país.
No está claro qué canales utilizaron para llegar al acuerdo de deportación ya que Estados Unidos no ha cambiado su postura al respecto. Los comentarios se produjeron durante una llamada con periodistas el viernes, un día después de que el gobierno federal anunciara que pondría en marcha los vuelos. Los funcionarios no respondieron preguntas sobre cómo llegó a concretarse el acuerdo ni si Estados Unidos ofreció concesiones al gobierno de Maduro a cambio de aceptar de regreso a los venezolanos deportados.
“La acción anunciada ayer es parte de un esfuerzo regional para abordar el desafío histórico de la migración irregular, y se limita únicamente a esa cuestión”, dijo un portavoz del Departamento de Estado. “Nuestras sanciones a Venezuela siguen vigentes y continuaremos aplicándolas”, añadió el portavoz. “Seguimos apoyando firmemente la restauración pacífica de la democracia, el regreso de elecciones libres y justas y el respeto de los derechos y libertades de los venezolanos”.
Los funcionarios en la llamada del viernes no respondieron a las críticas de los grupos de inmigración del sur de Florida y de los exiliados venezolanos de que la medida solidificaría el poder de Maduro y pondría a los migrantes en peligro, como también dijo Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional, para explicar la reciente decisión de la agencia de otorgar protecciones migratorias a cientos de miles de venezolanos que llegaron al país antes del 31 de julio.
“Esta decisión es una traición a los mismos principios que Estados Unidos afirma defender: justicia, compasión y derechos humanos”, dijo la Coalición de Inmigrantes de la Florida en un comunicado.
Más de 7 millones de venezolanos han huido de su tierra natal en lo que constituye el mayor desplazamiento de personas en la historia del hemisferio occidental, según cifras de las Naciones Unidas. Los grupos de derechos humanos han documentado ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el gobierno, arrestos y detenciones arbitrarias, represión contra periodistas y persecución de la oposición política.
El gobierno de Estados Unidos dijo en un informe del año pasado que “el régimen de Maduro no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, procesar o castigar de manera significativa a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos o involucrado en corrupción”. La mayoría de los habitantes del país viven con escasez de alimentos, atención médica insuficiente y una infraestructura en ruinas.
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