La organización política Vente Venezuela inició una campaña en sus redes sociales para exigir el cese de la persecución en contra de varios miembros de la tolda, entre ellos, Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, quienes fueron vinculados por la administración de Nicolás Maduro en un supuesto complot contra el referendo consultivo sobre el Esequibo del pasado 3 de diciembre.
Con mensajes acompañados de fotos de los señalados, Vente Venezuela denunció que desde el Ejecutivo se quiere «criminalizar» a las personas que ejercen sus derechos políticos y civiles en pro de un cambio en el país.
«El régimen busca criminalizar a quienes ejercen sus derechos políticos y civiles en pro de la libertad de Venezuela», expresó Vente.
Además, el diario El Nacional publicó que las autoridades anularon los pasaportes del equipo de trabajo de María Corina Machado.
Estas acciones contra Machado y Vente Venezuela ocurren luego de que la candidata de oposición a las presidenciales y coordinadora de la tolda azul se presentara ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 15 de diciembre para solicitar una revisión de su inhabilitación política, fecha tope establecida por el Poder Legislativo para que los candidatos apelaran las medidas de inhabilitación que pesan en su contra.
La información fue difundida por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, al publicar un mensaje en el cual «aplaudieron» la decisión de Machado y de otros candidatos de apelar sus inhabilitaciones.
«Mi posición es la misma: como no hay inhabilitación, yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación, diciendo que no hay inhabilitación (…) Lo que debe quedar claro es que nadie nos saca de la ruta electoral y que la pelota está del lado de Maduro. Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no los acuerdos asumidos con la comunidad internacional», remarcó.
El fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, anunció el miércoles 6 de diciembre que varios dirigentes de Voluntad Popular, Vente Venezuela y la ONG Súmate tendrían nexos con la trasnacional ExxonMobil, por lo que los señaló de estar de parte de Guyana en el diferendo sobre el Esequibo.
De acuerdo con Saab, las investigaciones se hicieron de la mano con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); estas personas «se vendieron para mancillar el honor patrio. Pero no lo logran porque existe un sistema de justicia que es objetivo (…) que investiga, ata cabos y engrana para llevar a cabo las investigaciones».
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