La Defensoría del Pueblo de Perú pidió este domingo al Estado iniciar la etapa de rehabilitación ambiental en las zonas afectadas por el derrame de crudo ocurrido hace dos años en la refinería de La Pampilla, en el norte de Lima, operada por Repsol.
EFE
«Al cumplirse, este lunes 15 de enero, dos años del derrame de cerca de once mil barriles de petróleo frente al mar de Ventanilla, la Defensoría del Pueblo exhorta al Poder Ejecutivo a continuar las acciones de evaluación y supervisión ambiental y sanitaria», indicó la Defensoría en un comunicado.
También, invocó a las autoridades de los sectores involucrados a atender los resultados de las mismas, para la toma de decisiones orientadas a garantizar los derechos de la población que se vio afectada.
Se refirió a que hace este pedido después de que el Ejecutivo emitiera un comunicado en diciembre, en el que se informó que aún persistía contaminación ambiental en determinados puntos y que 25 playas de uso recreacional mantenían la condición de afectadas.
Y que pese al tiempo transcurrido, «no se cuenta con las condiciones para un desarrollo normal de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos relacionadas con la pesca artesanal».
«Cabe indicar que en octubre último la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de la Producción disponer medidas restrictivas respecto a la pesca artesanal y de productos hidrobiológicos en la zona afectada, teniendo en consideración las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú, así como difundir información al respecto. Sin embargo, no se recibió respuesta del sector», señaló dicha institución.
Añadió que en diciembre venció el plazo para la implementación del Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental para el seguimiento de las acciones de rehabilitación y recuperación ambiental de la zona marino costera, que involucraba la participación de diversas instituciones ambientales bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente.
Y tras su término, la Defensoría del Pueblo advirtió que quedaron pendientes de concluir actividades como la última evaluación biológica ambiental en la zona marino costera, la ampliación de la evaluación de la condición sanitaria y el análisis de riesgo de los recursos hidrobiológicos.
«Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas se encuentra evaluando 18 planes de rehabilitación presentados por Repsol, por lo que se requiere que el Ministerio del Ambiente dé continuidad a dicho plan y al espacio de seguimiento construido para articular la intervención de las instituciones involucradas», afirmó.
En cuanto a poblaciones afectadas, la Defensoría señaló que ha participado en 13 reuniones como parte de la mesa de diálogo instaurada por la Presidencia del Consejo de Ministros, donde ha recomendado realizar un cronograma detallado de las actividades a realizar para la elaboración de la propuesta de los criterios de identificación, a cargo del Ejecutivo.
Y respecto al proceso de compensación, la Defensoría propuso al Ministerio de Energía y Minas hacer modificaciones al decreto emitido por dicho sector, a fin de lograr que el proceso de compensación garantice una reparación integral y un trato justo.
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